La estrategia a seguir a corto plazo rompe la unidad sindical en La Naval de Sestao

Con los 178 trabajadores de la plantilla ya oficialmente despedidos, CAT y ELA se inclinan por presentar un recurso contra la decisión de la juez que les ha colocado en la calle. CAT lo da como seguro, mientras portavoces de ELA apuntan a que su decisión no es definitiva y previamente van a sondear al personal. Es, apuntan, la vía para presionar, generar una inseguridad jurídica en el proceso de liquidación y forzar a quien esté interesado en el astillero a sentarse a negociar la recolocación de al menos una parte de los operarios y las condiciones en que debe producirse.

UGT y CC OO creen en cambio que el recurso puede ser un gran problema porque distanciará a los potenciales compradores, al menos hasta que se clarifique judicialmente la situación –puede tardar años–, lo que alejaría cualquier opción de recuperar a la plantilla actual en un futuro proyecto industrial. Los plazos son muy justos. En tan solo cinco días deberán anunciar, de forma oficial, si presentan o no el recurso.

El Gobierno vasco ya ha advertido que recurrir –es posible ante el Tribunal Superior, a pesar de que la decisión la haya adoptado una jueza de lo mercantil– va a frenar cualquier oferta. Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico del Gabinete Urkullu, ha reconocido en varias ocasiones que hay empresarios interesados en presentar una oferta por el astillero. Un proyecto en el que la Administración vasca estaría dispuesta a participar como accionista y que tendría una mezcla de actividades: algo de construcción naval, un complemento de reparaciones y algo también de fabricación de estructuras de soporte para aerogeneradores marinos.

En el mejor de los casos, esa propuesta industrial tardaría meses en cuajar porque exige una negociación a muchas bandas. De un lado con el Gobierno vasco para concretar su participación accionarial. También con la banca, porque son las entidades financieras las propietarias del casco del 'Vox Alexia' que se encuentra en la grada y que es, al mismo tiempo, la palanca sobre la que puede relanzarse la actividad. También es necesario un acuerdo –sobre plazos, costes y garantías– con el armador Van Oord, que puede volver a encargar la construcción de ese buque. Para rematarlo todo, sería necesario que los promotores hagan una oferta que sea aceptada por la juez que supervisa la liquidación del astillero quebrado.

Nadie lo reconoce de forma oficial, pero hace ya tiempo que la sospecha ha tomado carta de naturaleza. Al parecer, los inversores interesados en retomar la actividad de La Naval –el Gobierno vasco nunca ha desvelado su identidad– no quieren contar con la plantilla actual. Al menos, no con carácter de continuidad. Prefieren que 150 de los 178 empleados del astillero se incorporen a Navantia, en cumplimiento de las garantías de recolocación que les ha dado el grupo público al que pertenecieron hasta 2006.

Y es esta misma sospecha la que lleva a CAT y ELA a dibujar su propia estrategia, que pasa por entrar en una vía judicial. Un «as en la manga», entienden, para forzar una negociación con el empresario 'invisible'. «No vamos a permitir que venga un inversor y haga lo que quiera, que nos pueda contratar a parte de la plantilla, pocos o muchos, pero en sus condiciones, cuando nos hemos ganado un convenio justo con muchos años de pelea», aseguraba ayer el secretario del comité de empresa de La Naval y miembro del sindicato CAT, Juan José Llordén.

Dicho de otra forma, estas dos organizaciones quieren forzar que el futuro propietario del astillero negocie con los sindicatos el rescate del personal y las condiciones. El objetivo no es otro que intentar evitar la incorporación a Navantia de la plantilla actual –algo que obliga a un desplazamiento a Ferrol, Cartagena, Cádiz o a las oficinas de Madrid–, o que esta sea por un periodo mínimo. «El recurso puede retirarse en cualquier momento –señaló ayer Llordén–, y si nos sentamos a dialogar con inversores y gobiernos en un minuto se puede desjudicializar». Entre los riesgos de esta opción, advierten algunos expertos, está la posibilidad de que el Fogasa congele el pago de las indemnizaciones, a la espera de que los despidos sean definitivos.