España propone a Bruselas liberar el precio de la electricidad en situaciones excepcionales

Forma parte de una propuesta desplegada en tres folios en la que se plantean una serie de iniciativas en tres áreas fundamentales: el mercado eléctrico, la plataforma conjunta de compra de gas y la supervisión del mercado de emisiones; los tres campos de acción en los que viene insistiendo el Gobierno desde hace meses y que sustentaron la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre de líderes celebrada la pasada semana en Bruselas.

«Los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales con carácter urgente», se insiste en un documento que concreta que «cada aumento de +1 EUR/MWh en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costos adicionales de electricidad para todos los consumidores europeos, desviando recursos de la transición energética y la recuperación económica». Una situación que, añade, «está empeorando cada día».

Una distorsión de precios que «no se puede transmitir a los consumidores, especialmente en tiempos de recuperación económica» y que lleva a España a demandar «una acción europea para evitar asimetrías y garantizar que los Estados miembros trabajen en la misma dirección evitando diferentes medidas que podrían causar distorsiones adicionales».

Sobre el mercado energético pone encima de la mesa dos propuestas. La primera: «El precio marginal afecta a las señales de futuros de electricidad y tiene un alto impacto en la inflación, reduciendo la eficacia del mecanismo de cobertura«. En estas »circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal de precio marginal puro (contaminada por los aumentos en los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio promedio con referencia también al costo de las tecnologías limpias «inframarginales» (particularmente las renovables)».

Con esta fórmula España considera que el precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción energéticos nacionales, «protegiendo al mismo tiempo a los consumidores de las excesivas volatilidades y permitiéndoles participar en los beneficios proporcionados por una combinación de generación más barata».

La segunda idea relacionada con el mercado sería «establecer un límite de precios en el precio de las ofertas de electricidad producida por gas natural. Esta medida requiere una compensación posterior que se recuperaría en los siguientes meses.

A la entrada al debate, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz, que no ha hecho alusión a la 'liberación' puntual del sistema de precios, se ha referido a las dos propuestas anteriores para evitar el impacto del mercado mayorista y también también a las iniciativas ligadas a la compra conjunta de gas y el comercio de emisiones.

Respecto a la primera ha subrayado que España pone encima de la mesa fórmulas de contrato de opciones de compra que «se podrían hacer de manera centralizada, con gestión de los estados miembros y que se activarán ante situaciones de riesgo» en los suministros.

Sobre el comercio de emisiones, Aagesen ha remarcado la exigencia de España de poner fin a la especulación financiera que «merma la competitividad de nuestra industria y capacidad de evolución«. La propuesta que España ha traído al debate de Luxemburgo pone el foco en «actuar sobre los agentes que pueden optar a la compra, plantear un exceso de derechos en el mercado, un límite temporal o periodo en el que esos derechos pueden estar activos, y fijar objetivos dentro de la UE para tener previsibilidad en el tiempo».