Tubacex decide no reincorporar a los 129 despedidos y pagarles el salario en sus casas

Según ha explicado, no se puede entender la opción tomada por la empresa teniendo en cuenta que supone más gastos para la compañía, que alega graves dificultades. Explican en ELA que la propia compañía ha reconocido en la reunión que puede suponer un coste extra de 400.000 euros al mes. Este cálculo viene de que la nómina de los 129 despedidos (salarios más seguros sociales) asciende a 650.000 euros (unos 5.000 por cabeza) y que actualmente y hasta el 10 de septiembre hay vigente un ERTE al 40% de actividad, que se quiere ampliar más allá esa fecha. En sus casas cobrarán el 100% del salario. «Aparte, si se reanuda la actividad habría que subcontratar a trabajadores para cubrir tareas que desempeñan los despedidos. La empresa alega dificultades económicas y asume una decisión que le supone más gasto. Solo se puede entender desde la prepotencia», aseguran fuentes sindicales.

La empresa se ha limitado a apuntar que confía en el que el Tribunal Supremo, al que ya ha recurrido, revoque la decisión del Superior vasco y avale que las razones son «indiscutiblemente estructurales». La situación, por tanto, es de bloqueo total, lo que supone un gran lastre dado que el Alto Tribunal Supremo puede tardar un año en pronunciarse. El comité de empresa se ha tomado muy mal esta decisión de la compañía ya que, según ha explicado Ibernia, acudían a la reunión con la petición de que retirasen el recurso al Supremo y se readmitiese a los trabajadores. También les han trasladado, ha añadido, «intenciones de posibles inversiones, recuperación de despedidos, negociación de un próximo ERTE, pero sin fijar nada concreto». Se da la paradoja de que si mantienen la huelga los trabajadores en activo no cobrarán y los despedidos sí.

La decisión de la empresa tubera sigue los pasos de PCB, la filial de ITP Aero, que ante una sentencia similar de anulación del ERE apostó por dejar a los trabajadores en sus casas, pagándoles el salario, con el argumento de que no había carga de trabajo suficiente. El fallo judicial obliga a readmitir a los despedidos (sin excluir la opción de la remunerarles sin que trabajen) de forma inmediata, al margen de que la empresa recurra el Tribunal Supremo, tal como ya ha hecho.

Tubacex anunció el recurso nada más conocer la sentencia del TSJPV. Expresó su discrepancia con el fallo al considerar «incomprensible» que no tenga en cuenta el impacto estructural que está teniendo en el mercado del petróleo y gas, al que se dirigen sus tubos, la acelerada transición ecológica y que tampoco contemple «la delicada situación de las plantas vascas en los últimos años». En el juicio advirtió de que TTI, con sede en Llodio, podría entrar en causa de disolución en 2022.En la reunión de hoy ha insistido en las grave situación de las fábricas, que se encuentran cerca de la suspensión de pagos. Sin embargo, la sala presidida por Garbiñe Biurrun obvió la situación de números rojos de 2019 debido a a que «si ese año no fue necesaria ninguna medida extintiva, tampoco se puede justificar en la actualidad».

Los sindicatos, por el contrario, reclaman que el fallo establece la readmisión de los trabajadores y eso es lo que exigen. Esgrimen que el fallo no solo considerada que los despidos vulneran la prohibición de despedir por Covid sino que los magistrados no constaron las causas económicas, productivas y organizativas alegados por la empresa.

El fallo ha dado pie a una avalancha de reacciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo aplaudió al considerarlo una «gran noticia». «Tras 146 días de huelga, los trabajadores y trabajadoras consiguen frenar los despidos», celebró entonces. Visiblemente molesto por esta alegría, el Gobierno vasco le replicó que la situación de Tubacex es «una mala notica» y subrayó que la huelga en nada beneficia a la situación de la empresa, a la vez que apeló al diálogo. En la misma línea, la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, advirtió de que el fallo es «incorrecto» y que la empresa había intentado negociar un recorte salarial para unas remuneraciones muy por encima de la media –de 50.000 a 60.000 euros–, pero que se le respondió con conflictividad.