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El presidente del comité de empresa de Euskaltel, Javier Blanco, pidió este martes al Gobierno vasco que «vele» para evitar que la compañía se desprenda de su red de telecomunicaciones, tal y como ha reclamado su principal accionista, el fondo de inversión británico Zegona. Blanco ... calificó esta iniciativa como algo «nefasto», porque supone «la descapitalización de la empresa», al tiempo que insistió en que el Ejecutivo de Vitoria debe actuar para preservar los activos de la compañía que se construyeron con dinero público. Sin embargo, en un ejercicio de pragmatismo, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, admitió también que «poco se puede hacer» desde la Administración vasca en el caso de que Euskaltel decida venderla.
El representante sindical hacía así referencia a la idea expuesta por Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona, en una conferencia con analistas financieros desarrollada el pasado jueves en Londres. En ella, O'Hare expuso su opinión favorable a la venta de la red física de fibra óptica, hoy propiedad de Euskaltel, lo que permitiría obtener cientos de millones de euros. Un dinero que sería destinado a reducir el abultado endeudamiento de la compañía y también a financiar el proyecto de expansión de la operadora en toda España, previsiblemente bajo la marca Virgin.
«Se está utilizando y especulando con un bien constituido de lo público y, además, con el consiguiente impacto de nuevo hacia la plantilla, una vez más», señaló el presidente del comité, para añadir que la hipotética venta de la red puede suponer una «pérdida de capacidad, porque pierdes la propiedad».
Una parte de la red física de telecomunicaciones que es propiedad de Euskaltel fue construida en la década de los años 90 por el Gobierno vasco. Cuando el uso de la fibra óptica era aún incipiente en Europa, el Ejecutivo encargó a varias empresas extranjeras la instalación de una red de fibra, con el objetivo de autoabastecerse -comunicaciones entre sus edificios y también para atender necesidades de Interior y EITB-, que más tarde alquilaría a Euskaltel por un canon anual de 3,5 millones de euros. Esa red estaba compuesta por 454 kilómetros de fibra óptica en su estructura troncal -la 'gran autopista' de fibra que unía los tres territorios- y 653 kilómetros de red capilar, que es la que a pie de calle llega hasta cada domicilio o cada empresa.
En 2012 el Gobierno vasco decidió transferir a Euskaltel esa red por un precio de 68 millones de euros, sin que existiese un proceso de oferta pública al que pudieran haberse presentado otros operadores o incluso inversores interesados en su explotación.
Antecedentes. El Gobierno vasco asegura que esa venta es algo que Euskaltel analiza «desde hace dos años»
Reacción. El comité cree que la operación «sería nefasta» y que la pagarían los empleados.
Este martes, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, dejó claro que las posibilidades del Ejecutivo de Vitoria para interferir en las operaciones de una empresa privada que, además, cotiza en Bolsa, son bastante limitadas. «Poco podemos hacer -reconoció-, en torno a un bien que fue de titularidad pública pero que fue privatizado». Erkoreka tampoco dejó pasar la oportunidad de desviar la responsabilidad directa de aquella operación a los socios de gabinete, el PSE, aunque fue respaldada también en el Parlamento por PNV y PP. Y es que la decisión de venta fue adoptada por el Ejecutivo socialista de Patxi López, en un momento en el que Euskaltel atravesaba una situación complicada. De un lado, tenía que responder a una indemnización de 222 millones de euros reclamada por Orange por la ruptura de un acuerdo sobre telefonía móvil. Pero, además, Kutxabank quería desprenderse de una parte de sus acciones para aliviar el castigo que ello producía en su balance -la normativa bancaria se había endurecido penalizando la participación en empresas- y ningún inversor externo quería entrar en Euskaltel si no era propietaria de la red, lo que trasladaba una sensación de inseguridad. El contrato de alquiler finalizaba en febrero de 2013.
Erkoreka declaró que la venta de esta red «es una idea que no es nueva y se ha manejado en el seno de la compañía desde hace al menos dos años». También apuntó que, hasta donde conoce el Gobierno, la venta no es «una cuestión inminente».
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