Las claves de la nueva regulación laboral para las empleadas del hogar: derecho al paro, cambios en el despido...

La obligación de cotizar por el desempleo y el Fogasa (Fondo de Garantía Social que se hace cargo de las insolvencias) entrará en vigor el 1 de octubre. El tipo a aplicar sobre la base reguladora es del 5% a cargo del empleador y del 1,05% para la trabajadora. No obstante, con el objetivo de no cargar en exceso a los hogares contratantes el Gobierno ha establecido una bonificación del 80% para los empleadores.

Debido a la bonificación, la carga se reduce de manera notable. Para el salario mínimo de jornada completa, fijado este año en 1.166 euros al mes, el incremento para el empleador es de 12,14 euros, desde los 237,8 hasta los 250. Estos cálculos descuentan ya la bonificación del 20% para contingencias comunes. En el caso de la trabajadora, el salto sería también de 12,25 euros, desde los 54,8 hasta los 67.

A partir de octubre las empleadas comenzarán a cotizar por el paro con el contador a cero, con lo cual tendrán que hacerlo por el tiempo necesario para devengar cada una de las prestaciones ligadas al paro Así, para la contributiva necesitarán un año completo y para el subsidio de 463 euros, seis meses.

Este es otro de los grandes cambios de la reforma. Se ha eliminado la figura del despido por desistimiento, que permitía al empleador prescindir de la trabajadora sin alegar causa alguna, con 12 días por año trabajado de indemnización y un máximo de seis mensualidades. Sin embargo, se mantiene esta cuantía para tres supuestos: la disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de gastos por circunstancias sobrevenidas; la modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar; así como un comportamiento de la trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza.