La crisis de Indra se agrava con la dimisión del guipuzcoano Ignacio Martín como consejero

Lo que suceda en Indra tiene trascendencia en el País Vasco, ya que la empresa es la elegida por el Gobierno para tomar una participación destacada en la firma ITP Aero, dedicada a la producción de componentes de motores aeronáuticos y que tiene su sede en la localidad vizcaína de Zamudio. El dueño de esta empresa, la firma británica Rolls Royce, ha llegado a un acuerdo para su venta con el fondo norteamericano Bain, por un importe de 1.700 millones de euros, pero el Gobierno español tiene congelada la operación a la espera de poder clarificar la creación de un núcleo de accionistas españoles que tome un 30% en la empresa vasca. El Ejecutivo tiene en su mano la llave para ello ya que la venta de las acciones necesita una autorización del Estado, al ser ITP una empresa con intereses en el sector de defensa.

Por otra parte, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, ha reiterado hoy en un acto en Bilbao que el supervisor bursátil analizará con detalle lo sucedido en la compañía y en dos planos diferentes. De un lado, ha apuntado, para estudiar si se ha producido una acción concertada entre varios accionistas, que les permite ejercer una posición de control. Ha recordado que si gracias a una concertación se traspasa el 30% de control accionarial, los protagonistas están obligados a presentar una OPA por la totalidad del capital. «No quiero prejuzgar ni hablar sobre la existencia o no de indicios», ha indicado.

El presidente de la CNMV ha dado a entender que el organismo supervisor va a analizar también con mucho detalle la elección de consejeros que se realice, al tiempo que ha recordado lo sucedido en el caso del consejo de Enagas, otra compañía participada por el Estado. El pasado mes de abril, la CNMV obligó a retirar el calificativo de 'independiente' en la clasificación como consejera de Maite Costa, ex presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, que desde entonces figura dentro del grupo de 'otros externos'. Las recomendaciones sobre el gobierno corporativo establecen que los independientes deben ser al menos la mitad de los vocales de un consejo, al tiempo que Buenaventura ha recordado que hay que valorar "la calidad de la independencia de los elegidos". Desde determinados sectores del sector financiero, sin embargo, se ha trasladado una sensación de desconfianza sobre la independencia de la CNMV para, como en este caso, adoptar una resolución que ponga en aprietos al Gobierno. Hay que recordar que es el Ejecutivo quien designa al presidente de este organismo.

La dimisión de Ignacio Martín supone otra gota más en una sangría que comenzó el pasado jueves en la junta de accionistas de Indra. El Gobierno -que tiene sus acciones a través del grupo público Sepi-; junto con el financiero Joseph Oughourlian y la firma guipuzcoana Sapa, se aliaron para forzar el cese de cuatro consejeros independientes y la no renovación en su cargo de otra más. El lunes se conoció también la dimisión de otra independiente, Silvia Iranzo, que dejó patente su malestar con los sucedido. Esta salida masiva de independientes, había dejado en una situación muy complicada a Ignacio Martín y a Francisco García Sanz, presidente de la empresa vasca Tubacex, ya que el mercado financiero había comenzado a establecer teorías sobre un posible alineamiento de ambos en torno a los intereses del Gobierno y también una connivencia con la toma de control de la compañía. Algo que, al menos en el caso de Martín, ha quedado clarificado hoy con la presentación de la dimisión.

La salida de Ignacio Martín, también miembro de los consejos de administración de Repsol y Acerinox, supone también una pérdida importante para la firma guipuzcoana Sapa, que ha tomado el 8% de las acciones de Indra mediante un contrato de derivados y que acaba de incorporar al consejo de la sociedad a Jokin Aperribay, miembro de la familia propietaria y presidente de la Real Sociedad. Martín es un ejecutivo de prestigio que mantiene buenas relaciones con Sapa y la familia Aperribay y su presencia en el consejo de Indra suponía un respaldo adicional en una inversión complicada. Todo apunta a que Sapa ha entrado en el accionariado de Indra para ayuda al Gobierno en su operación de toma de control, a cambio del compromiso de abordar un proceso de fusiones en el sector de la industria de defensa, pero con unas consecuencias financieras delicadas. La pérdida de valor de las acciones de Indra ya ha generado un agujero en Sapa -gracias al mecanismo derivado que ha suscrito puede eludirlo si se desprende de una parte de las acciones que tiene bajo préstamo- de varias decenas de millones de euros.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha mostrado su preocupación por el impacto que puede tener en ITP el escándalo que se ha generado en la cúpula de Indra y cuyos detalles no ha querido valorar. “Queremos que ITP vuelva a la normalidad cuanto antes”, ha apuntado Esteban, al tiempo que ha reiterado la preocupación por el hecho de que haya una situación de inestabilidad en la propiedad de la compañía, después de que el Gobierno central haya truncado el deseo de Rolls Royce, su dueño, de traspasar esta semana la empresa al fondo norteamericano Bain. “Es una industria muy importante, en un momento en el que la investigación y desarrollo, por ejemplo en la aeronáutica, deberían ser temas punteros en Europa", ha dicho el portavoz jeltzale.

También el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha admitido que dadas las turbulencias desatadas en torno a Indra “no es posible saber” cuándo se puede materializar la transferencia de las acciones de Rolls a los nuevos compradores de la empresa vasca ITP. El Gobierno vasco quiere participar en esa operación para ser accionista de la firma -Azpiazu ha admitido que “se han producido avances en este sentido”- pero admitió que lo sucedido en Indra va a condicionar los plazos. El Ejecutivo aspira a tener un representante en el consejo de administración de ITP, pero también quiere tener un pacto de accionistas con el resto de actores en esa compra y futuros socios de ITP. La inestabilidad en Indra, ha dado a entender Azpiazu, hace imposible cerrar ahora un pacto con esa empresa para acordar las condiciones en las que se desarrollaría su convivencia en el seno del accionariado de ITP.