El Gobierno trunca el deseo de Rolls de vender la vasca ITP Aero a Bain esta semana

La clave -aunque no la única, sí una trascendental- hay que buscarla en el escándalo que ha estallado en el consejo de administración de Indra, empresa en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intervenido con poco tacto, y que está llamada a tener un papel relevante en el futuro de ITP. Los planes diseñados por el Ejecutivo apuntaban a que Indra sería el líder español de un grupo de inversores que compraría un 30% de las acciones de la vasca ITP, para dejar el 70% restante en manos del fondo norteamericano Bain. El monumental lío creado en torno a esta empresa ha empujado al Gobierno a actuar con prudencia en torno al futuro de ITP. Todo se ha complicado e Indra tendrá que remendar antes el roto que se ha producido en su gobierno corporativo.

El consejo de Indra -más bien los independientes que formaban parte del mismo- se habían opuesto a la operación de entrada en ITP, al considerar que los 1.700 millones en los que se ha valorado la empresa vasca son un «exceso, que no se justifica por la rentabilidad o las sinergias que se pueden obtener», según indican fuentes conocedoras de la situación. También se habían opuesto a que el presidente de Indra, Marc Murtra, próximo al PSC y colocado en la compañía por la SEPI estatal con forceps, tuviese poderes ejecutivos.

El Gobierno, que controla el 25% de las acciones de Indra; la guipuzcoana Sapa -que gracias a un préstamo de títulos ejerce los derechos del 8%- y el financiero Joseph Oughourlian -presidente de Prisa, que ha adquirido el 7%-, se aliaron la pasada semana en la junta de accionistas para provocar una auténtica 'limpia' en el consejo. Cuatro independientes fueron cesados y una más no vio renovado su mandato, pese a que estaba previsto. Por si fuera poco, otra independiente, Silvia Iranzo, exsecretaria de Estado de Comercio en el Gobierno de Zapatero, comunicó ayer su decisión de dimitir. Lo hizo, según un comunicado remitido por la compañía a la CNMV, en señal de discrepancia con los últimos acontecimientos que, en su opinión, «suponen rebajar el estándar de gobierno corporativo de la compañía en perjuicio de la mayoría de accionistas no representados en el Consejo».

Por su parte , la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, trató de echar 'balones fuera' en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. «Indra -dijo Calviño- es un operador muy importante en su ámbito y por supuesto que el Gobierno quiere reforzar la actividad de la empresa». Por su parte, el Instituto IC-A, la asociación que reúne en España a los consejeros independientes, emitió un duro comunicado en el que exigía a la CNMV que considere la obligación del Gobierno, Sapa y Oughourlian de lanzar una OPA al haber una actuación concertada entre ellos.