El Gobierno anuncia un nuevo etiquetado de los alimentos para fomentar el consumo saludable

Garzón también ha comunicado en el Senado que el Gobierno ha llevado a los tribunales a 17 aerolíneas. Ello, debido a que algunas compañías aéreas no están ofreciendo la información oportuna a los consumidores respecto a sus derechos cuando los viajes se suspenden: bien la devolución del importe, bien un cupón para retrasar el viaje para más adelante en el plazo de un año. «Eso es una mala praxis. El consumidor tiene derecho acogerse al bono o a recibir la devolución del importe. Se tienen que ofrecer ambas opciones», ha afirmado Garzón. «Hemos recibido una ingente cantidad de denuncias porque algunas aerolíneas no estaban ofreciendo esa información», ha afirmado.

Garzón, asimismo, ha afirmado que desde su departamento se ha tratado de no judicializar las situaciones conflictivas y se ha intentado que empresas y consumidores pudieran llegar a acuerdos, flexibilizando la regulación y dando plazos de sesenta días para poder llegar a tales arreglos entre las partes. La flexibilización también ha llegado a los viajes combinados, donde no hay sólo un consumidor final y un prestador de servicios, sino que hay una cadena de ellos. Si bien las agencias de viajes tienen un plazo de siete días para devolver el dinero de un servicio cancelado, se ven atrapadas en el caso en que las aerolíneas no hacen lo propio. De este modo, Garzón ha asegurado que desde su departamento se actuó «de forma temprana» para facilitar una resolución entre las partes, con la posibilidad de que se pudiera ofrecer un cupón canjeable para que los consumidores pudieran hacer el viaje en el plazo de un año, pero afirma que ello «es objeto aún de conflicto».

Si bien el Gobierno ha emprendido esos litigios con 17 aerolíneas -al tiempo que, ha recordado, el sector se beneficia de los apoyos que proporciona el Gobierno en forma de avales-, Garzón ha afirmado que hay algunas compañías «importantes» «que están haciendo todo de manera correcta».

En cuanto a la subida de los precios de los alimentos, Garzón ha asegurado que no se ha apreciado ni se puede acreditar que responda «a movimientos especulativos y generalizados», sino que se están produciendo movimientos grandes tanto en la oferta como en la demanda. Ello, a diferencia de los servicios funerarios que, con el estallido de la pandemia, subieron en hasta 1.500 euros, lo que llegó al Ejecutivo a establecer una normativa de precios máximos. Además, ha asegurado que la «tasa covid» que se cobra en algunos establecimientos es una «cláusula abusiva».

En cuanto a la alimentación, dentro del compromiso «con una estrategia integral para promover el consumo saludable», ha anunciado el futuro empleo de instrumentos fiscales para incentivar el consumo de productos saludables y haga menos atractivos los productos no saludables. Y, además, para el primer cuatrimestre de 2021 se pondrá en marcha el Nutriscore, un nuevo etiquetado frontal de información para los consumidores y el consumo responsable, si bien no será obligatorio para las empresas. Se tratará de un etiquetado por colores que informará de su calidad nutricional.

También se quiere llegar a un consenso con los anunciantes para regular la publicidad alimentaria que reciben los menores de 12 años, si bien ha advertido de que el Gobierno tiene la prerrogativa para poder legislar en favor del menor: «Ejerceremos nuestras competencias». También, para desarrollar un programa para fomentar la publicidad no sexista, especialmente en los anuncios de juguetes.

En cuanto a la cuestión más polémica de su departamento, el juego, ha afirmado que el nuevo real decreto que se presentará para regular el juego online se parecerá más a la regulación ligada al estado de alarma que al primer proyecto que se presentó a principos de año: «El estado de alarma nos ha invitado a hacer una reflexión sobre el borrador y a mejorarlo», lo que implicará «una acción reforzada para evitar la publicidad y los efectos negativos sobre la población infantil». Durante el estado de alarma se produjo un apagón total de la publicidad del juego.

Si bien ha reconocido que «el juego online genera una parte de los problemas, pero la gran magnitud está en las casas de apuestas». Su regulación está en manos de las comunidades autónomas, por lo que ha animado a «homogeneizarla» a nivel nacional.