Calviño impulsa la integración de Bankia en CaixaBank a espaldas de Podemos

El movimiento provoca una nueva fricción en el Ejecutivo de coalición. Ayer, Podemos evidenció su malestar por una operación que ni siquiera conocía y que tumba su propósito de construir sobre Bankia una banca pública.

La fusión de ambos grupos supondrá la creación del primer banco de España en cuanto a volumen de activos (más de 650.000 millones), clientes (una base cercana a los 20 millones), implantación territorial (casi 7.000 oficinas) o recursos de los ciudadanos (nóminas, depósitos y créditos, así como inversiones).

Más allá de la operación financiera, la integración implica un alivio para la participación que el Estado mantiene en la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a través del FROB. En el fondo de rescate asumen que si con la fusión se genera más valor, la Administración «saldrá beneficiada» al disponer de unas acciones que se pondrán vender en el futuro «a mejor precio». También gracias a un dividendo que, esperan, sea superior. La participación del Estado, sin definir, representaría un 14%. Con ese paquete, ingresaría el reparto de dividendos que apruebe el grupo. Y si encuentra el momento idóneo, podría venderlo «de forma mucho más líquida y ágil que ahora», indican fuentes bancarias.

También apuntan que la absorción de Bankia por parte de CaixaBank «es la mejor opción para una recuperación mayor de las ayudas públicas». De los más de 22.400 millones de euros que el Estado inyectó, la entidad solo ha podido reintegrar unos 3.300 millones, un 15%. Calviño era consciente de que el nuevo plazo autootorgado por la propia Administración para privatizar el grupo (hasta el 31 de diciembre de 2021) tampoco iba a ser viable ante la caída de las cotizaciones de la entidad; y mucho menos con la crisis del coronavirus.

Economía ha estado al tanto de las negociaciones entre los directivos de ambas entidades, materializadas el jueves a medianoche en el anuncio del «estudio» de la integración. Sin embargo, el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha permanecido ajeno a la operación, contraria a sus postulados. El acuerdo está cerca. «Será pronto cuando se haga efectivo», indican fuentes financieras. A falta de los flecos legales habituales, el pacto está «avanzado».

Ambos grupos esperan que, si nada se trunca, antes de final de año CaixaBank absorba a Bankia. El proceso puede prolongarse durante seis meses para que culmine en esa nueva entidad; y otros tantos en la integración tecnológica. Pero «hay prisa».

Todo apunta a que José Ignacio Goirigolzarri sería el presidente de la nueva corporación; y Gonzalo Gortázar, el consejero delegado. Entre los flecos a definir queda el papel del propio Goirigolzarri como presidente, muy implicado en la gestión de Bankia desde 2013. El histórico banquero quiere mantener un papel protagonista ante el reto de la integración de dos entidades tan distintas. Las sinergias que se generen en cada uno de los territorios serán clave para definir los recortes y hacer frente a un escenario en el que, previsiblemente, la morosidad se dispare. En el primer semestre, el beneficio de CaixaBank ha caído un 37% y el de Bankia un 47%.

Donde Calviño ve beneficios, su socio de Gobierni observa problemas. Y ello a pesar de que era un conflicto superado. En febrero, Pablo Iglesias parecía abandonar los postulados de su programa, que pasaban por la defensa del carácter público de Bankia cuando afirmó que Pedro Sánchez y él estaban de acuerdo en que ha de haber banca pública, para añadir: «Pensamos en que quizás el ICO se tenga que convertir en la banca pública que necesita España». Ni rastro de Bankia. Se imponía el criterio de Calviño de seguir su privatización.

La negociación ha hecho recuperar a Unidas Podemos su espíritu. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, defendió en un hilo de Twitter -que compartió Iglesias- el mantemiento de Bankia como «embrión» de la «banca pública eficiente». Álvarez calificó la fusión de «preocupante»: a su juicio, «la oligopolización no es una buena noticia para la competencia del mercado ni para la estabilidad del sector»; esta última, amenazada por «entidades financieras 'demasiado grandes' para quebrar». También se refirió a los efectos sobre el empleo: «No es un buen momento para posibles despidos».Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, defendió que hay que «recuperar» el dinero del rescate de Bankia y que «la mejor manera es manteniendo la participación pública».

El PP aprovechó el debate. Elvira Rodríguez valoró positivamente la operación. Pero demandó «transparencia» y que la transacción se efectúe con criterios de mercado y protegiendo a clientes, depositantes y trabajadores. «Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del Gobierno en relación a la banca pública, en el PP creemos que operaciones como ésta son positivas», sintetizó el partido conservador.