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JOSE MARÍA CAMARERO
Sábado, 5 de septiembre 2020, 00:14
l anuncio de integración entre CaixaBank y Bankia ha sorprendido a las plantillas de ambas entidades, que comienzan a temer que sus efectos lleguen en forma de recortes de personal y oficinas. Hasta el pasado 30 de junio, entre CaixaBank y Bankia aunaban un ... colectivo laboral de 51.536 trabajadores. De ellos, 35.589 corresponden a CaixaBank, que tiene alrededor de 950 en Euskadi, y los otros 15.947, a Bankia, con algo más de medio centenar en el País Vasco.
Para poner estas cifras en perspectiva, el conjunto de las entidades bancarias españolas tienen 176.838 trabajadores, según los datos actualizados del Banco de España. Es decir, entre ambas representarían un 29% del total. El solapamiento de sucursales en áreas como Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia y parte de Andalucía es muy notorio -no tanto así en Euskadi donde Bankia sólo cuenta con 17 oficinas por 138 de CaixaBank- será el factor que determine los cierres y las salidas, y si estas serán o no traumáticas.
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Ambas entidades han materializado salidas de trabajadores en los últimos años en forma de ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) pactados. El último de Bankia, en 2018, afectó a unos 2.000 empleados y se hizo tras la integración con BMN. Por su parte, el expediente de CaixaBank afectó a otros dos millares de trabajadores a lo largo del año pasado.
Los sindicatos específicos de CaixaBank ya mostraron ayer su preocupación por la eventual destrucción de empleo que pueda causar esta fusión, y por ello piden que la posible integración tenga el «mínimo» impacto posible en términos de empleo y salidas voluntarias. Esto es, prejubilaciones, bajas opcionales retribuidas y despidos que eviten dramas familiares.
Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, también coincidieron en solicitar «medidas no traumáticas» para las plantillas. «Siempre que hay una fusión tiene algún tipo de efecto en las relaciones laborales y en el número de las plantillas, y vamos a velar porque en todo caso las medidas no sean traumáticas», declaró Sordo.
Por su parte, Pepe Álvarez expresó su «preocupación» y trasladó a las dos entidades «la necesidad de mantener el empleo».
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