753.000 ciudadanos vascos perciben ya una 'nómina' pública

La cifra, que se ha incrementado en los últimos cinco años un 7,45%, supone un aumento de este colectivo en 52.215 personas, así como un salto que es casi el doble de lo que ha crecido el número de empleados en el sector privado, que desde 2018 ha subido solo un 3,6% alcanzando un total de 853.961 personas. Así, la ratio entre trabajadores en activo y los ciudadanos que perciben un pago del erario público es de 1,13. Una relación que en el último lustro se ha reducido en 5 centésimas, bajando del 1,18 que marcaba en 2018.

Las principales causas de este fenómeno residen en dos factores: el aumento del empleo en el sector público, que ha generado la mitad de los puestos creados en Euskadi desde la pandemia y que alcanzó un techo histórico de 159.255 trabajadores el pasado diciembre. Y por otra parte, el envejecimiento de la población, que evidencia el gran reto demográfico existente elevando el número de pensionistas a otro registro récord de 520.083 personas, 18.686 más que en 2018. El déficit anual en el sistema vasco es cercano a los 4.000 millones de euros anuales.

Para el profesor de la Universidad de Mondragón Julen Bollain el envejecimiento de la población sí es un elemento crítico del sistema y «con un impacto significativo». Este doctor en Estudios sobre Desarrollo reclama la atención «apremiante» que requiere el desafío demográfico como una urgencia para «asegurar la estabilidad y el bienestar sostenible de la población».

En cuanto al sector público, que registra el mayor crecimiento, los trabajadores se han incrementado en 21.087 personas desde 2018, el 15,26%, hasta esos 159.255 empleados. Es una tendencia que, según explica a EL CORREO el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, refleja una imagen de un momento muy concreto. De una coyuntura muy marcada por el impacto del covid en la que es «lógico», explica, «esperar un aumento de la contratación en el sector público que atiende al suministro a la sociedad de bienes y servicios». Además, coincide con Bollain, «está el reto demográfico, que en Euskadi es más intenso». El ingeniero y economista prevé que el actual desequilibrio en la creación de empleo público respecto al privado «se corrija con el tiempo. Pero si se mantuviese», –reconoce– «sí sería una preocupación».

Es precisamente esa incertidumbre en la que sí pone el foco la patronal vasca, Confebask. Cunde en el empresariado la sensación de soportar el peso de todo el gasto de esta estructura pública. Por ello, el responsable de estudios económicos de la entidad, Pablo Martín, insiste en que esta dinámica «no es muy sostenible en el tiempo» y reclama «la importancia de cuidar a la empresa porque, al final, es la riqueza que genera el sector privado la que sirve para sostener el estado de bienestar». Si no, recuerda, «el recurso para financiar esos gastos es la deuda y es importante mantener las cuentas públicas saneadas porque, como hemos visto en la pandemia, esa situación ha permitido a la Administración actuar en momentos de crisis».

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La comunidad autónoma vasca es la que mejor ratio de endeudamiento presenta en España con un 12,7% sobre su PIB. Si bien la deuda del sistema de pensiones es absorbida por elEstado, con lo que se evita el elemento de mayor presión. En la pandemia, eso sí, la Administración vasca aprovechó su saneada situación para acudir a 1.874 millones de endeudamiento extra. La deuda actual asciende a 10.850 millones, un 20,8% más que los 8.976 que había justo antes del estallido del covid.

El economista de Confebask insiste, además, en la importancia de «prestigiar la figura del emprendedor y promover vocaciones empresariales para alimentar el motor que sostiene el estado del bienestar y que perdería fuerza si los jóvenes solo quieren ser funcionarios».

El buen comportamiento del mercado laboral en Euskadi, con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social, reduce también el peso de las ayudas por desempleo, que se mantienen parejas. De los aproximadamente 100.000 parados vascos, 28.817 cobran la prestación por desempleo que han generado con sus cotizaciones y otros 19.402, el subsidio posterior establecido por el Gobierno para algunos casos cuando agotan el cobro del paro.

Las ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), aunque han experimentado un incremento en 2023, se mantienen en cifras parecidas a hace cinco años. El IMVllegó el pasado ejercicio a 22.328 personas, de las que 11.069 cobraron también la RGI. Esta renta complementó los ingresos de hasta 56.144 vascos, de los que el 50% estaban en paro y el 25% eran pensionistas.

De ahí que el secretario de acción sociopolítica y comunicación de CC OO, Santi Martínez, defienda «no solo la sostenibilidad del sistema, sino la capacidad de mejora» y reivindique el papel que ha desempeñado recientemente en la pandemia. En concreto, recuerda los ERTE, una figura que actualmente cubre a 872 trabajadores en Euskadi, pero que en 2020 llegó a más de 120.000 ciudadanos y «permitió la viabilidad de miles de empresas», señala. Martínez defiende también la cobertura de la RGI, «que se ha convertido en una seña de identidad que hace que nadie pueda imaginar el País Vasco sin su presencia».

En este sentido, el profesor Bollain asegura también que el sistema de prestaciones públicas «no plantea un riesgo para la sostenibilidad» y, si bien requiere un seguimiento para detectar desvíos, señala que los indicadores hoy prueban su eficiencia. Además, defiende la importancia de avanzar en la línea de países como Finlandia, Escocia o Países Bajos para afrontar una «reforma estructural del sistema de bienestar que cambie unas políticas basadas en el asistencialismo para avanzar hacia una renta básica».