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El impacto de los precios y la desaceleración económica se ha dejado notar en el último año sobre los perceptores de ayudas de inclusión social en Euskadi. Aunque el empleo está sirviendo de soporte para la economía, librando así la recesión y sosteniendo el consumo, ... las dificultades que dispararon el IPC por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania han comenzado a evidenciar problemas en ciudadanos en riesgo de exclusión.
Así lo demuestran los datos de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que subieron el año pasado un 14,5% pasando de las 59.321 personas de 2022 a 67.926 en 2023. El sistema en Euskadi garantiza unos ingresos mínimos a las personas en riesgo de exclusión que cubren 840 euros al mes para un ciudadano, que ascienden a 1.148 si convive con un menor a cargo y hasta 1.288 euros si se trata de una pareja con un hijo. La primera cobertura en actuar es el IMV, competencia transferida junto a su dotación económica por el Estado al Gobierno vasco. Esta es complementada si es preciso con la RGI vasca con el objetivo de cubrir esos mínimos. Esta renta, que hizo a Euskadi pionera, asegura unos ingresos superiores a los del IMV
En diciembre del año pasado, el ingreso mínimo fue percibido por 24.090 personas, de las que 12.308 recibieron también la RGI. En cambio, en 2022 estas cifras fueron de 19.793 y 9.882, respectivamente. Esta tendencia se refleja también en los Presupuestos del Gobierno vasco para este año, ya que la dotación de la RGI ha subido un 22%, hasta los 382 millones y, en el caso del IMV, se ha elevado la dotación transferida por el Estado de 173 a 180 millones. Entre los perceptores de la RGI, que en diciembre ascendieron a 56.144 personas, el 50% estaban en paro y un 25% cobraban una pensión que no llegaba a los 1.000 euros. Se trata de porcentajes que se mantienen estables en los últimos cinco años.
Por otra parte, el 17% de estos beneficiarios sí tiene empleo, pero con una remuneración inferior a 840 euros debido que no se trata de trabajos a jornada completa. El 7% ni tiene trabajo, ni está en situación de búsqueda. Son 3.973 personas y se han reducido a la mitad en los últimos dos años.
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