El choque entre Isozaki y Calatrava que acabó en los tribunales

El puente de Calatrava es una obra de arte, pero, sobre todo, es un puente. Esta fue la conclusión clave de la sentencia sobre el 'caso Calatrava'. O dicho de otra manera, la utilidad pública prevaleció sobre los derechos de su autor, los dos argumentos de peso en un litigio sin precedentes en España. En el pleito, el arquitecto valenciano denunciaba que la conexión al viaducto de Isozaki «vulnera» la integridad de su pasarela y culpaba de ello al Ayuntamiento de Bilbao, quien defendía la vocación de servicio de la infraestructura. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao inclinó la balanza hacia la funcionalidad y, por extensión, primó el uso peatonal, lo que avala una de las tesis del Consistorio. Un alivio para este, pues el magistrado Rodríguez Achútegui desestimó la demanda de Santiago Calatrava y las exigencias que conllevaba: la demolición del «añadido» y, en su defecto, tres millones de indemnización.

Pese a descartar estas peticiones en favor del Ayuntamiento, la sentencia cuestionó, cuando no rechazó, muchos de los argumentos esgrimidos durante el juicio por esta institución y los promotores de la urbanización Isozaki Atea, unidos en la misma causa frente al arquitecto valenciano. El juez reiteró que el puente Zubi-zuri es una obra artística que merece ser protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Y confirmó que la unión a la pasarela peatonal de Isozaki «altera» de forma «apreciable» la pieza original de Santiago Calatrava y, por tanto, «vulnera» su integridad arquitectónica.

Incluso censuró la decisión municipal de «no dirigirse a Calatrava» para encargarle la prolongación peatonal hasta El Ensanche ni de informarle de que otro profesional se ocuparía de ello, en busca de su «autorización». «No ha sido así y quizá sea el origen de este litigio», apuntó Rodríguez Achútegui en la resolución. «No se ha hecho el mínimo esfuerzo, ni siquiera a efectos puramente formales, para solicitar del autor del puente su modificación», señaló.

Estos fueron los 'peros' más significativos de la sentencia que afectaron al Consistorio, «dueño de la obra». Aunque desestimó la demanda, lo que permitió al Ayuntamiento salir airoso del envite, el juez admitió en cierto modo que el fallo era susceptible de controversia jurídica. El titular del juzgado que instruyó el caso confesó que «la falta de precedentes» en un litigio similar «permite constatar las serias dudas de derecho que se han expuesto en esta resolución». Por tanto, ordenó a cada parte el pago de las costas del juicio.

Más allá de los 'peros', el juez estableció con claridad qué pesó más en un litigio de esta naturaleza, en el que «chocaban» dos obras públicas firmadas por arquitectos de reconocido prestigio. A falta de «criterios asentados por los tribunales», tiró de sentido común. Con la base de que ambos puentes sirven para «conectar las dos márgenes de la ría», matizó que el viaducto de Isozaki evita «las continuas subidas y bajadas» al muelle de Uribitarte, lo que facilita el tránsito peatonal a la misma cota que el puente de Calatrava.

Por este motivo, sostuvo que el interés público «debe prevalecer» sobre el privado, aunque la obra de Calatrava «merezca toda la consideración» y su derecho de autor «sea innegable». A su juicio, la conexión peatonal hasta El Ensanche, de la que recuerdó que ya estaba contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1989 y ratificada con posterioridad, pesaba mucho como pieza urbanística en la regeneración de Bilbao. Tanto, que el arquitecto valenciano «está obligado a sufrir» la alteración de su pasarela, incidente que el magistrado considera probado, «en atención al servicio público que su obra atiende». Es decir, que «el interés público de los ciudadanos es el límite que tiene que soportar el derecho moral a la integridad de la obra del autor».

Posiblemente, este fue el extracto más novedoso de una sentencia que sentó jurisprudencia. En el 'caso Calatrava', se rompió el diseño original del Zubi-zuri por su unión al viaducto de Isozaki, pero «no se violentó» el derecho moral del arquitecto valenciano porque por encima de él están los usuarios del puente.