La vivienda protegida construida en Euskadi retrocede y registra su peor dato desde 2018

La baja productividad que arrastra Euskadi en vivienda libre (un 25% menos) y protegida dificulta los planes del Gobierno de sacar 7.000 alquileres sociales al mercado en cuatro años. Según las estadísticas de VPO terminadas e iniciadas del Observatorio vasco de la Vivienda, desde 1990 se han construido en Euskadi 84.664 VPO, una cifra que fuentes del Departamento elevan hasta las 87.343. Por cada tres viviendas libres se levanta una social. Los mejores resultados se obtuvieron entre 2010 y 2011, con cerca de 11.000 pisos. Después, comenzó a notarse una progresiva ralentización en lo que a vivienda pública se refiere.

¿Pero por qué se edifica tan poco? La asociación de constructores y promotores de Bizkaia (Ascobi) considera que la normativa vigente ha alterado «la viabilidad económica de las promociones al obligar a reservar un 75% del suelo urbanizable a vivienda protegida». En los últimos diez años se han levantado una media de 1.166 pisos al año, mientras que en la década anterior la cifra alcanzaba las 4.350. «La normativa obliga a la Administración a destinar el capital al alquiler social y esto implica que no se recupere la inversión de la venta. Los recursos son los que son», opina Iñaki Urresti, gerente de Ascobi. Mientras tanto, Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos del Departamento de Vivienda, cree que los datos responden al «encarecimiento de los costes de producción por la guerra de Ucrania» y a la falta de «mano de obra cualificada» en un sector «en constante transformación».

Con más de 94.000 personas inscritas en Etxebide, la vivienda se ha convertido en uno de los «ejes estratégicos» de la legislatura. El problema es grave. Tanto, que el propio lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero Denis Itxaso pidieron el miércoles «solidaridad» a los agentes públicos y privados que forman el Pacto Social por la Vivienda para afrontar la situación. También reclamaron ajustar la fiscalidad para facilitar la emancipación de los jóvenes y recordaron el objetivo de sacar 7.000 alquileres públicos en cuatro años. La propuesta de Itxaso se centra en construir inmuebles, pero también en comprar pisos en el mercado libre y movilizar la vivienda vacía. Un reto mayúsculo que según los expertos «ayudará bastante», pero que no llegará a satisfacer ni el 8% de la demanda. Además, en los últimos ocho años, la tendencia ha sido producir unas 4.300 VPO por legislatura, lo que supondría tener que sacar al mercado otros 2.700 pisos por otra vía.

Iñigo Viar, arquitecto y director del máster sobre Vivienda Pública de la EHU/UPV, piensa que «la cifra es asumible», aunque se necesitará «construir más» para revertir el escenario. El Gobierno estimó que Euskadi requeriría cerca de 103.000 inmuebles para acabar con el problema. «La vivienda no es un producto prefabricado y sus procesos de edificación sufren picos. Pero es más complicado obtener suelo que construir», apunta Viar. A lo que se refiere el experto es que los cambios en el planeamiento urbano llevan «años de trabajo». Y añade que su puesta en marcha «es difícil porque los estándares que debe cumplir ahora un hogar son más complicados y caros».

Encontrar una solución definitiva no parece fácil. Las listas de demandantes siguen creciendo ante unos recursos que son más limitados. Desde que el Gobierno vasco aumentó en octubre el tope de ingresos máximos que se requieren para acceder a una VPO -puede optar a un alquiler social toda unidad que cobre menos de 43.753 euros al año y a una vivienda en propiedad los que estén por debajo de 56.094- el número de solicitantes aumentó en 4.000 más. Y todo apunta a que seguirá subiendo. No sólo por la flexibilidad de ingresos, que también, sino porque la inflación ha encarecido la vida. La cesta de la compra es más costosa, el precio de la energía se ha disparado, los alquileres están en máximos y los sueldos, por contra, se han mantenido estáticos. Esto ha llevado a que las familias pierdan poder adquisitivo y a que muchas tengan que recurrir a una VPO para vivir de forma más holgada.

Los más perjudicados son los jóvenes. Más del 80% de los vascos entre 18 y 44 años que necesitan acceder a su primer piso confiesa no tener recursos económicos para hacer frente a los gastos. Ante esta realidad, Garbiñe Henry, directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto, aboga por «innovar e impulsar nuevas formas de convivencia». Aunque hay voluntad para promover vivienda social -Euskadi concentra el 16% de la VPO del país-, no parece ser suficiente para complacer la demanda. «Somos un país en el que el 80% de la vivienda es de propiedad, mientras que en Europa se apuesta por el alquiler. El mercado no se mueve y la gente no encuentra un sitio donde vivir», lanza. Para ella la fórmula para reducir este problema pasa por «innovar en lo que ya existe», aunque eso requiera «un cambio cultural». «El mercado está desbordado. Incluso la VPO es cara».

¿Qué se podría hacer? Henry cree que es vital «fomentar que distintas generaciones compartan piso, impulsar hogares más pequeños para favorecer la emancipación o rehabilitar el parque residencial actual para dar vida a los barrios». Son medidas que la experta cree «necesarias» para revitalizar el sector después de que «el suelo disponible ya esté ocupado». «Nuestras normas son muy estrictas para construir».