El Vaticano busca reparar a la víctima ante la dificultad de condenar al profesor de Gaztelueta

La decisión adoptada por Francisco de reabrir el proceso canónico supone todo un respaldo a la familia. La cuestión ahora es hasta dónde podrá llegar la nueva investigación, que estará en manos de un tribunal nombrado ad hoc por el Papa. Según las fuentes consultadas, en el Vaticano asumen que los investigadores no cuestionarán los hechos en sí, una vez la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Tribunal Supremo sentenciaron que sí había habido abusos por parte de José María Martínez Sanz.

Las dudas se centran en qué castigo puede decretarse para el profesor, un laico numerario del Opus Dei que no está ordenado. Según la legislación canónica, los abusos sexuales a menores sólo son punibles en caso de que los cometa un clérigo, no un laico. «Hasta donde yo conozco, no hay precedentes sobre este tema», expone Jorge Canarias, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Deusto. «Si los hechos se produjeran ahora, tras la reforma del Libro de Delitos y Penas de 2021, sí que habría margen para actuar contra el profesor al ser un católico con una responsabilidad en un caso de abusos. Pero esto no se aplica de forma retroactiva, así que...», argumenta este experto. «Proceder contra el profesor sería una violación del principio de legalidad penal que existe en el Derecho Canónico, aunque con menos fuerza que en el Derecho Penal de los Estados», insiste.

El propio Martínez Sanz emitió ayer un comunicado en el que mostraba sus dudas sobre la legitimidad de esta nueva investigación. «No alcanzo a entender cómo se puede iniciar tal proceso a un laico, pero tengo la disposición de colaborar con las instancias competentes», confirmó el exdocente, que sigue perteneciendo al Opus Dei. No obstantes, otros especialistas vaticanos en Derecho Canónico recuerdan que el Papa es el «supremo legislador» de la Iglesia, por lo que en la práctica «puede hacer lo que estime oportuno» y adoptar las medidas que considere necesarias.

«Cualquier bautizado puede ser investigado», aseguró ayer a este periódico por su parte Federico Mantaras, vicario general de Jerez y uno de los elegidos por el Papa para formar el nuevo tribunal del 'caso Gaztelueta'. «Estudiaremos el asunto y después veremos», apuntó. Con estos datos sobre la mesa, las fuentes consultadas ponen el foco en que la investigación ordenada por Francisco pretende abarcar toda la labor realizada por la Iglesia desde que se destapara el tema en 2015. Visto cómo se han desarrollado todos los acontecimientos, en el Vaticano son conscientes de que es necesario reparar de alguna manera a la víctima, cuya familia siempre ha denunciado haberse sentido abandonada por las autoridades católicas. «Exijo que se repare el buen nombre de mi hijo», declaró el padre a este periódico el pasado mes de agosto al conocerse un intercambio de cartas con el prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, en el que el máximo responsable de la prelatura no pidió perdón al joven y se limitó a informarle que «acataba la verdad jurídica» del caso.

La familia siempre ha solicitado que la Iglesia reconozca públicamente que los abusos existieron y que no estuvo a la altura en el acompañamiento y solidaridad con el joven. «Esta nueva investigación puede ofrecerles todo eso», apuntan fuentes vaticanas.

Reconocer ese extremo implicará, a su vez, asumir que se cometieron muchos errores en la investigación realizada en 2015 -encargada a la Congregación para la Doctrina de la Fe- más aún cuando la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia es una materia de la que Bergoglio ha hecho una cruzada personal. Tal vez por eso el Papa ha dejado esta vez a un lado a este dicasterio y ha confiado el proceso a personas de su máxima confianza.

El procedimiento que se llevó a cabo en 2015, que corrió a cargo de Silverio Nieto Núñez -director de los Servicios Jurídicos Civiles de la Conferencia Episcopal Española y expolicía, exjuez y fontanero del espionaje vaticano- y Rafael Felipe Freije, juez diocesano de Girona, exoneró al profesor al considerar que los abusos no quedaban demostrados. En Roma entienden que en aquella investigación canónica pudieron cometerse errores y ahora es necesario tener en cuenta las sentencias condenatorias de la Justicia civil, que entonces aún no se había pronunciado. La familia Cuatrecasas llegó a tachar aquel comportamiento como «zafio, disparatado, escandaloso, mezquino y vergonzoso, lleno de irregularidades y que se cerró sin llegar a abrirse».