Euskadi mantiene por ahora en sus puestos al personal de las residencias no inmunizado

Las instituciones vascas optaron, sin embargo, por mantener el protocolo vigente. La consejería de Salud hizo pública una nota a mediodía en la que se limitó a confirmar la celebración de un encuentro para «analizar la posibilidad de actualizar el protocolo vigente para la vigilancia y control del COVID-19 en centros sociosanitarios tras las recomendaciones del Documento técnico de la Comisión de Salud Pública». Los responsables del Ejecutivo autónomo y las tres instituciones forales reconocieron que en el transcurso de esa reunión debatieron la propuesta consensuada en Madrid pero no lograron salir de ella con una postura clara.

Sólo confirmaron que la «seguirán debatiendo» y que por el momento en las residencias se seguirá actuando en base a las directrices vigentes. «Las reuniones de coordinación entre las instituciones son habituales y periódicas. Si hubiera una nueva actualización del protocolo, se dará a conocer», apuntaron.

Fuentes conocedoras de lo tratado en el cónclave desvelaron que cada responsable territorial compartió los datos de su red de residencias y se puso en común una valoración sobre lo pactado en Madrid. Alguno de los presentes defendió que «los protocolos no se cambian de un día para otro» y que faltan por limar «temas técnicos» antes de decidir «qué se incluye o no en el protocolo».

También se escucharon opiniones sobre que el Consejo Interterritorial ha evitado entrar al fondo del asunto. Es decir, la posibilidad de buscar una modificación legal urgente que permita hacer la vacunación obligatoria para el personal de los centros, como pidieron Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia.

Portavoces del área de Salud quisieron matizar que lo que están analizando las instituciones vascas es ver si se adaptan esas recomendaciones a la realidad de las residencias vascas y, en caso afirmativo, cómo lo hacen. «No es una cuestión de si hay acuerdo o no», señalaron. Por el momento, en las próximas horas no hay previsto un nuevo encuentro.

Las medidas acordadas en la Interterritorial aspiran a contener, sobre todo a la vuelta del verano, el preocupante incremento de contagios en las residencias, un problema acuciante en todo el país, donde los positivos se han multiplicado por ocho en julio. La propuesta es clara y, según sus defensores, no implica grandes exigencias para las residencias. Someter a al menos dos PCR semanales a los trabajadores no inmunizados puede ser útil para detectar asintomáticos y no implicaría un gran gasto, puesto que este colectivo representa apenas un 5% del total de las plantillas.

Tiene más detractores la segunda recomendación: que los responsables de los centros puedan cambiarles de puesto para evitar el contacto directo con los mayores. Es una medida de aparente lógica, pero de difícil encaje en la realidad residencial, en opinión de muchos expertos. Apenas hay personal que no esté en contacto diario y estrecho con los mayores.

De cualquier modo, todo apunta a que un incremento de las pruebas entre los trabajadores no inmunizados es una medida razonable a medio plazo, también en Euskadi. Sólo habría que decidir quién realiza las pruebas –sanitarios dependientes de las diputaciones o del Gobierno vasco– y quién asume el coste.

Los técnicos se escudan en que los protocolos actuales, que están vigentes desde marzo, funcionan. Salvo una residencia alavesa donde la mitad de sus usuarios se ha contagiado, no hay ya brotes masivos. La inmensa mayoría de los mayores afectados son asintomáticos y las cifras distan mucho del dramático verano del año pasado.