«¿Proponen que un gerocultor realice trabajos de contabilidad? Es absurdo»

Todas las asociaciones de residencias coinciden en que el documento de Sanidad, que plantea el cambio de ocupación de los trabajadores antivacunas, que se les controle la temperatura a diario y que se les haga dos test semanales, está desfasado. «Ya estamos cumpliendo esas medidas porque los protocolos autonómicos nos las exigen, incluso tres test a la semana que pagamos nosotros. Pero la solución no pasa por ahí», incide Fernández-Cid.

Las patronales, que denuncian que el Ministerio de Sanidad no las ha escuchado para este documento, ponen sobre la mesa otras iniciativas: la vacunación obligatoria de los trabajadores que no han querido hacerlo y si no es posible por cuestiones legales, la articulación de mecanismos laborales para que abandonen sus empleos mientras continúe la pandemia; que todos los visitantes presenten su certificado covid, igual que se plantea para bares o restaurante en algunos lugares; y la inoculación a los residentes lo antes posible de una tercera dosis de las vacunas.

Aproximadamente el 8% de los trabajadores de centros de mayores han rechazado vacunarse, según los datos del sector. En una residencia con 50 empleados, serían cuatro, un número más que suficiente para que la covid-19 pueda entrar de nuevo en el recinto. «Estamos hablando de la protección de la vida de las personas, una situación que requeriría que se habilitasen medidas excepcionales para estos trabajadores, como la suspensión de su contrato durante la pandemia», señala Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que incide en la imposibilidad de cumplir las recomendaciones de Sanidad. «Legalmente, no podemos obligar a un auxiliar de enfermería a realizar otras tareas, pero es que tampoco tiene sentido. Si, por ejemplo, le encargáramos que cambie bombillas, tendría que hacerlo en un pasillo y estaría en contacto con los mayores», explica Cubero, que exige de una vez una ley de pandemias que permita tomar decisiones ante situaciones de emergencia sobrevenidas. «Llevamos año y medio reclamándola, pero nos siguen atropellando los hechos», reflexiona.

«No podemos entender que se propongan medidas especiales para trabajadores no vacunados. Lamentamos que no sean valientes y no se tome la decisión correcta, que es obligar a vacunar en las residencias», critica al ministerio Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). «La normativa laboral es muy clara, no puedes cambiar a nadie de sitio de trabajo si el trabajador no está totalmente de acuerdo», agrega.

Las patronales tienen como interlocutor en el Gobierno al Ministerio de Derechos Sociales y en concreto, al secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, pero el documento de las residencias ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad, y creen que entre ambos departamentos no ha existido la comunicación adecuada. «Esto deja claro que no se conoce muy bien qué es lo que hacemos en residencias, donde el 98% de nuestros trabajadores son personal de atención directa y todo el mundo tiene contacto con las personas mayores que viven en una residencia porque una residencia es una comunidad y el contacto es fundamental», añade Pascual.

La tercera dosis en las residencias se ha convertido en una necesidad, aseguran los responsables de los centros de mayores. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que el tercer pinchazo será necesario, sobre todo por la reducción de la eficacia de los anticuerpos frente la variante Delta, pero aún no ha fijado fecha. Fuentes del sector explican que el ministerio les ha trasladado que esta dosis podría inocularse en octubre, coincidiendo con la vacuna de la gripe.

La situación de las residencias ha empeorado en las últimas semanas. Los centros de mayores han pasado de no registrar ningún fallecimiento (entre el 28 de junio y el 5 de julio) a computar 72 (entre el 19 y el 26 de julio, último informe disponible), según los datos del Imserso. En el mismo sentido, los contagios se han multiplicado por nueve en menos de un mes (139 positivos en la primera semana de julio y 1.272 entre el 19 y el 26 de ese mes).