«Queremos que la Justicia haga su trabajo y que ninguna otra familia tenga que pasar por esto»

Estos días están siendo difíciles para ellos. El martes se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra la mujer que secuestró a su bebé en el hospital de Basurto. La llegada del litigio ha reavivado en ellos los recuerdos de aquella eterna noche del 19 de octubre de 2022 cuando Mireia C. S. entró vestida de sanitaria en el pabellón Iturrizar. Se coló en una habitación de la Maternidad en la que en ese momento se encontraba sola la madre de Aimar con el recién nacido. Tras engañarla con el argumento de que tenía que someter al bebé a la prueba del oído necesaria para poder darles el alta, se lo llevó.

A la mañana siguiente, cuando Bizkaia se despertó con la impactante noticia del rapto, y presumiblemente tras sentirse acorralada, la mujer abandonó al bebé en el felpudo de una vivienda situada en un bloque de pisos en Santutxu. El destino quiso que allí viviese Alicia, una auxiliar de enfermería que había trabajado en una clínica ginecológica. Lo recogió y avisó al 112. Minutos después se presentaron en el lugar varias patrullas de la Ertzaintza y una ambulancia medicalizada. Tras un primer examen allí mismo y comprobar que estaba en buen estado, los sanitarios llevaron al pequeño de nuevo a Basurto. Allí le esperaban sus padres tras pasar unas angustiosas horas que él, por suerte, nunca recordará.

Año y medio después la proximidad del juicio ha vuelto a hacer revivir aquella noche a la familia. El martes tendrán que declarar en la sala. En los últimos días se han preparado con su abogada para ese momento. «Recordar y repasar todo de nuevo te revuelve por dentro. Está siendo difícil. Nos habían avisado de que iba a ser duro, pero una cosa es que te lo digan y otra pasarlo», cuenta Pedro, el padre del pequeño. Él no tiene pudor en reconocer que aquella dura experiencia les ha pasado una importante factura a nivel psicológico. Lo sigue haciendo. Les ha marcado. Esta pareja solo espera que «la Justicia haga su trabajo» y desean que «ninguna familia tenga que pasar por esto que nos tocó vivir».

Como acusación particular su letrada pide para la acusada una pena de siete años de prisión, seis por un delito de secuestro y otro más por el de abandono. La Fiscalía, por su parte, rebaja su petición a cuatro años. La acusa únicamente de detención ilegal y propone para la raptora el rango más bajo de esta pena -la horquilla es de 4 a 6 años- al aplicarle un atenuante por devolver al recién nacido en un plazo menor de tres días. La defensa, en cambio, reclama la libre absolución de su representada. Tanto el Ministerio Público como la abogada de la familia solicitan para los progenitores una indemnización de 12.000 euros por daños morales.

Los padres consideran que, ya sea en una cárcel o en un centro psiquiátrico, si así lo determina la Audiencia, la raptora debe ser encerrada. «Creemos que es un peligro que siga libre. Es una persona que tenía planeado secuestrar a un bebé y lo consiguió. En la calle dudo mucho de que cambie. En la cárcel igual sí que se rehabilita y arrepiente de lo que hizo», opina Pedro.

Para esta familia que la Justicia dicte una pena de cárcel «es lo mejor para la acusada y también para la sociedad». Consideran que una sentencia privatoria de libertad serviría asimismo «para que cualquier otra persona a la que se le pueda pasar por la cabeza hacer algo parecido vea que secuestrar a un bebé tiene consecuencias y no sale gratis».

Una de las claves del juicio se va a centrar en el estado mental de la joven, para ver si sufre algún tipo de trastorno que afecte a sus facultades. La propia secuestradora aseguró tras su detención ante la jueza de guardia que meses antes había sufrido un aborto espontáneo, pero que lo mantuvo en secreto. Hizo creer a su madre y a su novio que seguía embarazada. Hasta les enseñó ecografías falsas y compró ropa infantil y un carrito de bebé.

Tras aquella declaración la joven quedó en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio que arranca este martes. De forma voluntaria ingresó primero en la unidad de Psiquiatría de Basurto y desde allí fue derivada al hospital de Zaldibar, donde se le dio el alta al de unas semanas.

El secuestro del pequeño Aimar puso de manifiesto las carencias en materia de seguridad existentes en Basurto. Prácticamente un mes después del rapto la consejera de Salud presentó las medidas que se iban a adoptar en todas las Maternidades de los hospitales de Osakideza para evitar que se repitiesen hechos similares. El nuevo protocolo establecía un sistema de apertura de puertas mediante tarjetas electrónicas identificativas, tanto para los profesionales como para los familiares, sumado a otro de portero automático. El centro bilbaíno estrenó este nuevo sistema de tarjetas el pasado octubre, un año después de que secuestrasen al pequeño Aimar.