El plan para impulsar residencias con grupos reducidos arranca con retraso en Bizkaia

La consecuencia es que ha habido numerosas quejas de familias que se han visto «perjudicadas» por esta transición y el Departamento foral de Acción Social se ha visto obligado a ampliar en 267 el número de plazas tradicionales de forma temporal, hasta el próximo 1 de septiembre. Según explican fuentes oficiales de la Diputación, el objetivo de esta medida de urgencia es «acompañar en la transición del modelo residencial» y no causar «perjuicios» a los mayores.

El nuevo modelo -que también quiere implantar el Gobierno central- se basa en la experiencia de algunos países nórdicos y se empezó a gestar en Bizkaia en plena pandemia, cuando el virus golpeaba con dureza los centros de mayores. La idea es reducir de forma progresiva las grandes residencias para fomentar las pequeñas unidades con 25 residentes como máximo. El objetivo es crear espacios con habitaciones individuales, cocina, estancias comunes para fomentar las relaciones entre ellos y un mínimo de dos empleados por turno que trabajen allí de forma estable.

El núcleo del asunto es que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo ha supuesto la creación de 500 plazas destinadas a las unidades convivenciales. Pero, al mismo tiempo, se han reducido las camas ordinarias, que han pasado de 3.000 a 2.525. Sobre el papel, la previsión es que para marzo del año que viene la red foral oferte ya 1.200 plazas en estas micro-residencias y 1.850 en los geriátricos tradicionales.

Ahora mismo, el problema es que apenas unos pocos centros se han adaptado a los nuevos requisitos y han reformado sus espacios. Es decir, la mayoría de estas nuevas plazas no están habilitadas y no pueden ser utilizadas, pero la oferta tradicional se ha visto reducida. Una de las consecuencias es que mayores que estaban en la lista de espera y les tocaba el turno para poder acceder a un recurso concertado se han visto «perjudicados» porque había menos camas, según explican varias familias.

Esta es la razón que llevó a la Diputación de Bizkaia a aprobar el pasado 12 de mayo una ampliación extraordinaria del número de plazas tradicionales para mayores dependientes, lo que supondrá un desembolso extra para las arcas públicas de casi 5 millones de euros. Con estos cambios, el presupuesto foral para el servicio de residencias entre 2021 y 2023 se sitúa en 260 millones de euros.

Fuentes oficiales del Departamento de Acción Social señalaron a las residencias que se habían «comprometido» a crear unidades convivenciales como responsables del «retraso» que se está produciendo en la implantación del nuevo modelo. La ampliación presupuestaria persigue -insistieron- que estos problemas no supongan «perjuicio en la continuidad de la atención» de los residentes.

El problema es que las propias residencias que deben aplicar este modelo consideran que es «insostenible» en los términos actuales. Así lo mantiene Aitor Pérez Artetxe, portavoz de Gesca, la patronal de las residencias vizcaínas, que insiste en que no hay en España «ningún ejemplo replicable» que pueda sostenerse.

En un primer momento, 24 residencias del territorio se ofrecieron para desarrollar las nuevas unidades convivenciales. Lo hicieron con la idea de que se podrían «flexibilizar» los requisitos. Pero al final sólo unas pocas han sido capaces de ponerlas en funcionamiento. Pérez Artetxe insiste en que el problema no es la filosofía del modelo. Es decir, proporcionar una atención «más personalizada», porque la mayoría de los centros trabaja ya desde hace tiempo en esa línea. Las principales dificultades se encuentran en la «arquitectura» de los centros y en la «sostenibilidad económica» de las micro-residencias.

El portavoz de Gesca explica que la mayoría de los geriátricos están diseñados bajo los parámetros de la anterior normativa, que establecía que un 75% de las habitaciones debían ser dobles. Ahora se exige justo lo contrario, que sean individuales, y eso requiere una «importante inversión», que además lleva aparejada una «pérdida de plazas».

La exigencia de que siempre haya dos trabajadores -añade- «dispara» el coste de personal si hay menos de 25 residentes en los centros ya que, en principio, el precio de estas nuevas plazas será sólo un 5% superior a las camas tradicionales (100 euros por residente y día).

A su juicio, este modelo sólo puede sostenerse si se eleva «mucho» el precio de las plazas. Desde la patronal confían en que la Diputación «flexibilice» los requisitos -sobre todo si se tiene en cuenta que en 2023 ya debería haber 1.200 plazas de este tipo- porque este sector «no se puede transformar a golpe de decreto».