La oposición ve «intereses partidistas» en el veto de Aburto al cierre al tráfico de la Gran Vía

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Recordemos: el Área de Movilidad, liderada por la socialista Nora Abete, había anunciado que tras años de retrasos este mes de febrero, al fin, se iba a cortar al tráfico privado el mencionado tramo. No se haría con una obra ambiciosa como se había planteado inicialmente, transformando el espacio público con un diseño similar al que existe entre Urquijo y Moyúa, porque no hay dinero para ello. Simplemente se pondrían señales, rayas en el suelo y macetas en el asfalto para limitar el tránsito al transporte público, las bicis y los peatones. Justo cuanto se iba a llevar a cabo la actuación, el alcalde, Juan Mari Aburto, la paró porque le surgían dudas sobre las afecciones al tráfico que eso podría implicar. Eso, pese a que los informes de Movilidad, tanto internos como elaborados por expertos de firmas externas, aseguraban que no había problema alguno para que las calles alternativas asumiesen el tráfico desviado. Pero Aburto dice que «no lo ve».

«Por encima de intereses partidistas, se debe dar cumplimiento al acuerdo unánime firmado en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y peatonalizar el primer tramo de Gran Vía», razona Goirizelaia. A su juicio, cinco años después de la aprobación del documento «el gobierno municipal todavía no lo ha cumplido». El modelo gusta a EH Bildu porque «se trata de una apuesta por una ciudad sostenible, que da prioridad al peatón frente al vehículo». Y la «decisión del alcalde» de frenar los planes de sus socios socialistas «supone un paso atrás» en el avance hacia esa sostenibilidad.

Viñals, la portavoz de Elkarrekin-Podemos, directamente dice que «apoyamos la propuesta del PSE» para construir «una ciudad más amable y humana». Por contra, «no entendemos las resistencias del alcalde ni los cálculos electoralistas del PNV en materia de movilidad». También lamenta que «el alcalde se entrometa en la labor y responsabilidad de un área que gestiona su socio de gobierno» y que daba cumplimiento a «una propuesta que no sólo está incluida en el PMUS aprobado en 2018 por todos los partidos, sino que además estaba presupuestada tanto en los Presupuestos de 2022 como en los de 2023».

Desde el PP, Raquel González no comparte las políticas de movilidad que buscan «la peatonalización de todo el centro sin dar salida a las necesidades de los vehículos privados». Así que no ve con mala cara la decisión del alcalde. Sin embargo, achaca el conflicto no a un cambio en la dirección de las políticas municipales, sino a que «todo el mundo está en precampaña, y PNV y PSE han empezado a pelear por el juguete, que es Bilbao». También ha puesto en cuestión la seriedad del proyecto que pretendía sacar adelante el área de Movilidad, y considera que prueba de su escasa consistencia es el hecho de que el último retraso fue motivado por la meteorología. «¿Que seriedad tiene un proyecto en Bilbao cuya ejecución depende de que llueva o no?».

También se ha manifestado hoy el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), colectivo muy crítico con las políticas de movilidad en Bilbao, que se ha alineado con Aburto. «Aplaudimos el criterio del alcalde al paralizar la obra», ha divulgado en un comunicado. A su juicio, el cierre de ese tramo de la Gran Vía al tráfico privado es una medida «desafortunada» que «iba a crear más problemas que soluciones».