«Este lío se podría haber evitado»

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La cúpula judicial retira los distintivos que señalaban a los acusados por violencia de género

David S. Olabarri

Los cerca de 4.700 profesionales asociados al colegio recibieron a media mañana un correo electrónico de la institución en el que se les confirmaba la «retirada sin efecto de la obligación» de llevar pegatinas a modo de distintivo en los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao. Recibieron este 'mail' pocas horas después de que EL CORREO desvelase la decisión de dar marcha atrás y renunciar a este polémico método, ideado para aumentar la protección de las víctimas de violencia de género tras la reciente reforma de las instalaciones judiciales realizada por el Gobierno vasco. La decisión de suprimir este sistema, que apenas ha permanecido unas semanas en funcionamiento, partió de la cúpula judicial en Euskadi tras las duras críticas recibidas desde el mundo de la abogacía. A nivel interno, algunos importantes magistrados del Palacio de Justicia de Bilbao -alguno de ellos con responsabilidad en las comisiones institucionales de coordinación en la lucha contra la violencia de género- también mostraron su malestar porque nadie les había comunicado la decisión de empezar a usar estas pegatinas.

Una vez calmada la marejada, llega el momento de decidir qué medidas se van a implementar para, entre otras cosas, evitar que víctimas y denunciados se crucen en los pasillos del juzgado. La idea de recurrir a los distintivos surgió después de que el personal de seguridad afirmase que tenían problemas para identificar bien a las distintas personas que acudían a las plantas de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Está prevista una reunión de alto nivel en la que participarán los responsables del Tribunal Superior, de la Audiencia de Bizkaia, de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y del Colegio de la Abogacía. Pero, según las fuentes consultadas por este diario, todavía no se ha puesto una fecha concreta.

El Colegio de la Abogacía rebajó ayer sensiblemente el tono en el comunicado que envió a sus colegiados. En su nota explicó que la medida nació de la voluntad de reforzar la seguridad de las víctimas -algo que apoyan de forma rotunda-, pero insistió en que en este sistema «no se tuvo en cuenta» que estas medidas deben «hacerse respetando determinados principios, como son la presunción de inocencia de los investigados» y la «dignidad de las y los profesionales».