El juez deja en libertad al único detenido de la 'banda del Kay'

Fuentes judiciales indican que en Bilbao no se suele dictar prisión provisional en las acusaciones por robo con fuerza, castigado con penas de uno a tres años de cárcel en el Código Penal, y de dos a cinco años en los casos más graves. K.K. no conducía el vehículo que se dio a la fuga y se desconoce su papel en los robos, ya que no intervenían los cuatro. La banda en la que se sitúa al detenido está formada por «veinte individuos» de otros tantos grupos o clanes, que van juntándose para delinquir, pero que no siempre son los mismos.

Ampliar

Los otros tres individuos que participaron con él presuntamente en el robo de un bar en Durango y el intento de otro en Portugalete y después escaparon en un vehículo sustraído, permanecían al cierre de esta edición en paradero desconocido. La Ertzaintza les ha podido identificar gracias al reconocimiento fotográfico realizado por los agentes que les persiguieron y se enfrentaron a ellos. Se trata de dos de los hermanos Santacoloma, un clan delictivo de Bilbao, que ya fueron arrestados en abril en el monte Kobetas junto a las chabolas donde, según la Ertzaintza, ocultaban el botín; y un tercer individuo, también multirreincidente, que huyó de aquel operativo.

Entonces, a los arrestados, entre los que no se encontraba K.K., se les imputaron 80 robos en bares, estancos, gasolineras y empresas y 35 de coches en Bizkaia, Burgos, La Rioja y Cantabria. El fiscal sí solicitó prisión preventiva para ellos, pero la jueza de Balmaseda dictó un auto en el que argumentaba que «aunque las conductas y las penas a imponer tienen cierta relevancia», las diligencias de investigación estaban prácticamente finalizadas, por lo que consideraba que no existía riesgo de destrucción de pruebas ni de eludir la acción de la justicia, dado el «arraigo» que tenían los arrestados. Se trataba de cinco individuos de entre 28 y 46 años, casados y con hijos, todos ellos con antecedentes policiales por robos con fuerza y violencia, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad y violencia de género, que sumaban otras 114 detenciones anteriores. Todos quedaron libres con cargos y con la obligación de personarse cada quince días en el juzgado.

Esta polémica decisión generó incomprensión entre sus principales víctimas, estanqueros y hosteleros, a los que costaba «asimilar» que pudieran quedar en la calle. «El sentido común dice que esto no puede ser», valoraba entonces el presidente de los hosteleros, Héctor Sánchez. Consultado ayer por este periódico, el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que no conoce el caso en concreto, advierte que «a veces se imputan 80 robos, pero no hay una imputación clara sino 80 casos parecidos».

La noticia de la puesta en libertad ha vuelto a causar sorpresa en el seno de la Policía autonómica. Para el secretario general de Erne, Roberto Seijo, «si la Justicia no es capaz de defender los derechos de los ciudadanos, los partidos políticos tendrán que cambiar las leyes para que no se proteja al verdugo en lugar de a las víctimas y a la sociedad en general». A su juicio, «el Gobierno vasco debería presentarse como acusación particular cuando la gravedad de los delitos y su reincidencia» lo hagan necesario».

Ampliar