Hacienda benefició a una firma de armas al no ejecutar embargos por valor de 2 millones

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¿Qué implica todo esto? Según las fuentes consultadas por este diario, estamos hablando de una supuesta negligencia o un presunto trato de favor que puede llegar a constituir un delito porque las administraciones tienen la obligación de velar por los fondos y los recursos públicos. Cuestionadas sobre por qué no se han ejecutado las garantías, fuentes oficiales de la Diputación de Bizkaia no quisieron aclarar lo ocurrido y se limitaron a señalar que no pueden ofrecer información sobre contribuyentes. Tampoco respondieron a la pregunta de si esta empresa sigue arrastrando a día de hoy deudas con la Hacienda foral.

Esperanza y Compañía fue una empresa fundada en 1925. En 1933 se estableció en Markina y en 1979 se convirtió en el principal exportador de armas de España. Llegó a tener unos 500 trabajadores y durante décadas hizo mucho dinero con ventas a todo tipo de países y ejércitos. La empresa entró en crisis tras una serie de cambios en la regulación y el descenso de pedidos. En 1991 solicitó la suspensión de pagos con un pasivo de 1.080 millones de las antiguas pesetas y un activo de 2.166 millones. En los últimos cuatro años acumulaban pérdidas de 2.606 millones de pesetas (unos 15,6 millones de euros). En ese momento, el 40% de las acciones eran de Unión Española de Explosivos.

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En 1993 Esperanza y Compañía firmó el «acuerdo de disolución voluntaria» de la sociedad y la compañía cerró sus puertas. Entre los principales acreedores figuraban el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia, la Seguridad Social, diversos proveedores y el Fogasa. En 1997 la empresa nombra liquidador de la sociedad a Javier Ozamiz, que había sido también presidente de la empresa. El liquidador es la persona que se encarga de gestionar los últimos días de una sociedad para llevarla a su extinción definitiva. A grandes rasgos, su función es cobrar y pagar las deudas pendientes y repartir beneficios entre los socios si los hubiere.

Es en este punto en el que el asunto se complica. Según los datos del Registro Mercantil, la empresa sigue viva jurídicamente a día de hoy. No tiene actividad desde 1993, pero sigue en proceso de liquidación tres décadas después. Es decir, no ha sido extinguida y todavía tiene numerosas propiedades a su nombre, según ha podido comprobar este periódico en los Registros de la Propiedad de Vitoria y Markina. Algo que es «absolutamente anómalo», explican fuentes especializadas en Derecho Mercantil.

Las fincas –urbanas y rústicas– que todavía tiene Esperanza y Cía se encuentran en Markina e Iruña de Oca. En los documentos oficiales de los registros se puede comprobar que estas propiedades tienen anotaciones de embargo e hipotecas a favor de la Diputación de Bizkaia por las deudas que arrastraba la empresa con la administración pública. Son cargas que se establecieron como garantías del cobro de las deudas a principios de la década de los 90. Sin embargo, nunca llegaron a ejecutarse. En caso de impagos, podrían haber sido ejecutadas en los 21 años siguientes al final del periodo de pago de las cuotas. En el Registro de Vitoria confirmaron a este diario que la empresa podría hoy levantar esas hipotecas porque ya han caducado y no tienen validez.

Estas propiedades no acabaron en poder de la Diputación de Bizkaia. Sí hubo otras fincas y edificios que fueron subastados. La Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia en abril de 1997 las deudas de una serie de empresas con el objetivo de proceder «ejecutivamente contra el patrimonio» de los deudores. Entre ellas destacaba Esperanza y Compañía con un agujero de cientos de millones de pesetas. En esta línea, el 15 de mayo de ese año la Seguridad Social sacó a subasta el antiguo edificio de la fábrica para responder de una deuda de 243 millones de pesetas. La finca estaba valorada en 705 millones, pero con una carga de casi 71 millones en favor del Fogasa, otro de los principales acreedores de la empresa. La fábrica fue adquirida por el Ayuntamiento de Markina como una «oportunidad para hacerse con unos terrenos e instalaciones». Este edificio fue declarado monumento en 2012 y hoy forma parte del patrimonio cultural del municipio.

En octubre de 1998 se anunció en el Boletín otra subasta de bienes de Esperanza y Cía. Esta vez  fue promovida por la Diputación de Bizkaia por deudas que superaban los 372 millones de pesetas (2,2 millones de euros) referentes a numerosos agujeros: retenciones sobre rendimientos del trabajo, arrendamiento de locales, impuesto sobre actividades económicas, IVA... Salieron a subasta tres fincas que estaban embargadas o hipotecadas. Su valor total ascendía a casi 72 millones de pesetas. Es decir, no cubrían el importe de la deuda.

La primera de las fincas es urbana y estaba valorada en 36,5 millones de pesetas. No tenía ningún tipo de carga y fue adquirida por el Ayuntamiento de Markina, según explican en el Registro. Esta parcela se segregó más tarde en tres unidades. Ahora mismo hay construidos ahí dos chalets particulares y el otro trozo pertenece al Consistorio.

El segundo lote era un monte castañal tasado en 250.000 pesetas con unas cargas de 70,6 millones de pesetas. Nadie se adjudicó este terreno rústico y hoy sigue siendo propiedad de Esperanza. En los documentos del Registro consta que esta finca tiene una hipoteca unilateral a favor del Fondo de Garantía Salarial suscrita en 1990 en garantía de la devolución de un préstamo de 100.000 pesetas (600 euros).

La tercera finca, urbana, salió a subasta por 35 millones, pero arrastraba unas cargas de 193 millones. La empresa era propietaria del 35,42% de este terreno. Fue promotora inmobiliaria local (Construcciones Abesua) quién consiguió la finca de 3.600 metros cuadrados. Hoy hay un edificio de pisos allí levantado.

Sin embargo, hubo otras propiedades embargadas que al parecer no salieron a subasta y que siguen perteneciendo hoy a la empresa de armamento. En Markina fue una parcela urbana de 1.400 metros cuadrados junto al río, a pocos metros del centro de la localidad, en una zona llena de pisos. En los documentos de esta finca figuran dos anotaciones de embargo a favor de la Diputación de Bizkaia que rondan los 265 millones de pesetas. También aparece otra carga menor del ayuntamiento de Markina por una deuda de unos 3 millones de pesetas por impagos en las tasas de agua, basuras y alcantarillado.

Fuentes del Consistorio de Markina apuntaron que «no constan» deudas vivas de Esperanza en el Ayuntamiento, aunque advirtieron que eso no quiere decir que se pudiese cobrar «todo lo que estaba pendiente en su momento». Además, respondieron que «creen» que el terreno está hoy «de facto» destinado a uso público e –interpretan– que no sería posible ejecutar los embargos, que caducan a los cuatro años si la administración no los prorroga. Esperanza y Cía tiene, además, otra pequeña parte de una finca situada muy cerca destinada a «servicio común».

La «anómala» situación de las propiedades de Esperanza y Cía en Markina se repite en seis fincas rústicas de la localidad alavesa de Iruña de Oca, cerca de Vitoria. Cada una de ellas está gravada con hipotecas a favor de la Hacienda foral de Bizkaia que fueron formalizadas en 1991. En total, el valor de las hipotecas ascendía a más de 390.600 euros.

En las escrituras se estableció un plazo de amortización de entre 60 y 68 meses. En caso de impagos, el acreedor podía ejecutar los bienes y sacarlos a subasta. De hecho, se fijo el valor de cada una de las fincas en el caso de una hipotética puja. En total, ascendían a más de 660.000 euros.

Al contrario de lo que sucede con los embargos, que caducan a los cuatro años si no se renuevan, las hipotecas pueden reclamarse hasta 21 años después. Se trata, pues, de una garantía de cobro «mucho más eficaz». Algo que no sucedió en estos casos. De hecho, el Registro de la Propiedad de Vitoria confirma que hoy no tienen validez y la empresa puede levantarlas libremente.

A algunas de estas fincas también les constaban anotaciones de embargos de la Hacienda foral alavesa en 2023 que no aparecen ya en los documentos del Registro. Fuentes de la Diputación de Álava apuntaron que no pueden dar información sobre contribuyentes y tampoco aclararon si la empresa saldó todas sus deudas con esta institución. También ocurre que, cuando se producen las pujas, la administración pública tiene derecho a cobrar primero. Y en muchas ocasiones los bienes de la empresa en liquidación tampoco dan para cubrir todas las deudas.