El Gobierno vasco se ve forzado a inyectar 3,3 millones para rematar 296 pisos sociales

Los cinco proyectos se adjudicaron mediante concurso público por valor de 30,1 millones de euros, pero, tras los aumentos de precio solicitados por las empresas que ejecutan las obras, la factura final ascenderá, como mínimo, a 33,4, lo que supondrá un sobrecoste para las arcas del Gobierno vasco del 11%.

Dos de las promociones se ubican en Bilbao, con 104 y 55 pisos, respectivamente, mientras que el resto se desarrolla en Basauri (36 alojamientos dotacionales), Santurtzi (74 pisos) y la localidad minera de Abanto (donde ya se han inaugurado otros 27 equipamientos dotacionales).

Los incrementos de presupuesto en obras públicas están amparados por el Decreto Ley 3/2022 aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar contener la inflación, luchar contra el cambio climático y mitigar la tormenta económica desatada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Se trata de una tabla de salvación a la que se están acogiendo un buen número de constructoras y compañías que ejecutan infraestructuras públicas, un paraguas que no alcanza, sin embargo, a las promociones privadas.

La normativa permite solicitar una revisión de precios en las obras públicas que ya están en marcha en relación a cuatro conceptos vinculados a materias primas que se encuentran muy presentes en la construcción: productos siderúrgicos, sustancias bituminosas (como el asfalto, por ejemplo), aluminio y cobre (fundamental en las instalaciones eléctricas de las casas de nuevo cuño). Por el contrario, el decreto no protege de otros aspectos, como por ejemplo un aumento de los costes de la mano de obra o del mantenimiento de maquinaria y repuestos.