El fiscal pide 7 años de cárcel para un exalcalde de Alonsotegi, un técnico y tres constructores

Noticia Relacionada

El cambio en el delito de malversación no afecta por ahora a los casos de Alonsotegi

Josu García

El caso, sacado a la luz por una denuncia de EH Bildu, se remonta a hace catorce años. Hasta la fecha, las investigaciones habían apuntado a que el regidor, el técnico y los promotores habrían generado un agujero que rondaba el millón de euros. De hecho, había un informe municipal que cifraba en 1,2 millones la pérdida patrimonial. Ahora, el fiscal ha presentado en su acusación un relato pormenorizado de los hechos que cree que sucedieron y exige a los cinco implicados que indemnicen con 1,74 a la Diputación, subsidiariamente con 797.000 euros al Ayuntamiento y con 461.000 euros a la Administración general del Estado. Son cantidades que elevan considerablemente las que se habían manejado hasta la fecha.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL CORREO, el fiscal pone el acento en que los cinco encausados actuaron «de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito». Básicamente, según su relato, lo que hicieron fue solicitar subvenciones de la Diputación y el Gobierno central, a través del plan Zapatero, para realizar unos proyectos que no eran tales.

El exalcalde también figura implicado en el conocido como 'caso Eraikiz', que está igualmente pendiente de juicio. Santiesteban es uno de los tres alcaldes de Alonsotegi acusados de corrupción. Hace diez días falleció tras una dura enfermedad José Luis Erezuma, cuya dolencia impidió que se celebrara el primero de los tres juicios pendientes. En este proceso estaban también implicados los dos empresarios de Lan Eder que figuran igualmente en este sumario.

En su escrito, el fiscal pone el foco sobre las siguientes obras: reforma del campo de fútbol, trabajos en el eje de Loibe y arreglo por inundaciones en el estadio y el camino de Artiba. Asegura que los acusados decidieron «aparentar la ejecución de una serie de obras en el municipio» y «dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad»

En este contexto, destaca que los proyectos se ejecutaron sin ningún tipo de garantía en la contratación (muchos de ellos 'a dedo' y por el procedimiento de urgencia), aun cuando la secretaria-interventora había emitido reparos dudando de la legalidad de estos encargos. Las obras se encomendaron mediante decretos de Alcaldía firmados por Santiesteban.

De hecho, la secretaria hizo constar que «no figura en los archivos la presentación de los proyectos de obra ni informes de análisis de ofertas, no haberse tramitado los procedimientos de contratación, desconocerse la necesidad o procedencia de la redacción de los informes técnicos, no existir proyectos de fin de obra que acrediten la realidad y no constar en los archivos municipales documentación técnica descriptiva de las obras ejecutadas«.