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Los últimos cambios legislativos introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en el delito de malversación no afectan por ahora a los casos de corrupción que se investigan en Alonsotegi. Esta semana el fiscal ha presentado su escrito de acusación contra cinco personas (entre ellas ... el exacalde Aitor Santisteban) aludiendo al artículo 432.2 del Código Penal, que en este apartado sigue estableciendo penas de entre 4 y 8 años para los autores de este tipo de ilícito. El Ministerio Público ha solicitado 7 años de prisión para los encausados, al entender que se generó un perjuicio al erario público superior a los 250.000 euros que fija la normativa a la hora de imponer el grado de pena.
El delito de malversación se modificó a finales del año pasado tras solicitar su reforma ERC. En Cataluña se ha acusado a varios políticos independentistas de desviar dinero hacia otros usos indebidos y supuestamente ajenos a las competencias de las administraciones, pero sin que hubiera supuestamente lucro. Con la reforma del Código Penal, estas conductas pasan a castigarse de una manera menos dura que antes: penas de entre 6 meses y 4 años de prisión.
El matiz está en si hay o no enriquecimiento del autor de la malversación o de un tercero. El Fiscal considera que en Alonsotegi si hubo un desvío de fondos en beneficio propio. Por este motivo pide aplicar el artículo 432.2 y un castigo de 7 años.
En las últimas semanas, diversas fuentes relacionadas con los casos de corrupción de la localidad encartada habían mostrado visiones contradictorias de lo que ahora podía suceder con los cambios legislativos introducidos. Fuentes de la defensa entendían que sí podría haber consecuencias (una solicitud de pena menor), sobre todo en el caso en el que estaba implicado el fallecido exalcalde José Luis Erezuma, ya que en ese sumario en concreto existía una deuda previa con los constructores que supuestamente se beneficiaron de aquellas decisiones. Entendían que Erezuma, que falleció hace diez días y esto va a condicionar el desarrollo del juicio pendiente, no tuvo intención de lucrarse sino de saldar una deuda.
Por su parte, fuentes de la acusación rechazan que los cambios vayan a tener trascendencia alguna en los tres procesos abiertos habida cuenta de las cantidades y el relato de los hechos supuestamente cometidos en todos los casos. Ahora, el escrito del fiscal sienta un importante precedente para estos casos de corrupción.
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