Las empresas de transporte eluden la presión de Educación y no prestarán hoy servicio de autobús

Los puentes están rotos y no hay contactos entre las partes, según confirman fuentes de ambos lados, por lo que, previsiblemente, la situación se alargará hasta que se resuelvan los recursos administrativos que las empresas interpusieron la semana pasada contra la orden del Gobierno que les obligaba a cubrir las rutas. No hay un plazo definido para ello.

El conflicto afecta a 10.000 alumnos de Bizkaia y Álava. El pasado jueves y viernes, cuando los colegios celebraron las jornadas de bienvenida, fueron finalmente 7.400 los estudiantes que no pudieron utilizar el autobús porque no apareció, según datos del Gobierno vasco. Los colegios de zonas rurales o de municipios muy extensos son los más afectados, ya que en los grandes núcleos urbanos los alumnos acostumbran a ir andando.

Bildarratz volvió a pedir ayer a los empresarios que «cumplan con la ley» y pongan en circulación los autobuses escolares. «Es lo que tienen que hacer», señaló, en una entrevista en 'Radio Bilbao'. «La educación es un servicio público básico» y el transporte, «un servicio esencial para cumplir con ese objetivo».

Esta consideración es la que llevó al departamento a publicar la semana pasada una orden de ejecución forzosa para obligar a las compañías a cubrir los itinerarios a cambio del coste real más un 6% de beneficio. Contra esta orden se pueden seguir dos vías. Una administrativa ante el propio departamento y otra judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según explican fuentes del sector, las firmas que optaron por la primera son, sobre todo, pymes y empresas familiares, mayoritarias en Bizkaia. Las asociaciones que han optado por la vía judicial, en cambio, son de mayor tamaño y sí sacaron sus autocares el pasado jueves y viernes mientras la Justicia analiza sus casos. Operan mayormente en Álava; por eso se cubrieron más rutas en este territorio (en torno al 50%) que en Bizkaia (apenas el 10%).

En los colegios ya sospechan que el conflicto va para largo; más todavía después de que Bildarratz anunciase el viernes que el departamento compensará económicamente a las familias afectadas, en previsión de que la situación se enquiste. Los centros han avisado a las familias para que se organicen como puedan. Lo que en un inicio pudo ser una anécdota en la vuelta al cole puede, de mantenerse, complicar seriamente la conciliación familiar.

En el Valle de Ayala, en Álava, por ejemplo, los padres de la ikastola Etxaurren han anunciado «huelga» y no llevarán hoy los niños al cole y mañana harán una marcha a pie hasta el centro a modo de protesta tras el caos vivido el viernes, cuando decenas de vehículos colapsaron la carretera entre Respaldiza y Artziniega. Los 238 alumnos de este centro, un edificio aislado, van a clase en autobús o coche. En otro centro de Bilbao, la empresa ha trasladado a la dirección que los coordinadores de los autobuses esperen la llegada del autocar en la parada. «Y, si no llega, nos dicen que vayamos por nuestra cuenta», revela una responsable.

La situación tiene pocos visos de solucionarse. Las asociaciones están en pie de guerra. Consideran que Bildarratz traspasó una línea roja cuando, en una comparecencia pública, les acusó de conformar un cártel y ponerse de acuerdo para dejar desiertos todos los concursos para licitar las rutas. «Es algo que duele», reconocen varios transportistas, la mayoría propietarios de pequeñas entidades familiares.

La razón para no presentarse, explican, fueron, por un lado, las condiciones económicas inasumibles; y, por otro, algunas novedades como la obligación de tener un autobús y un chófer de reserva parados en una cochera o un nuevo régimen sancionador. Luego rechazaron la oferta del Gobierno de trabajar en las mismas condiciones que el año pasado porque se les ofrecía ejecutar el servicio hasta que se licitasen de nuevo las rutas y no todo el año.

El Gobierno ya ha elevado el caso a la Autoridad Vasca de la Competencia. El organismo ha abierto expediente a 76 empresas, que se enfrentan a una sanción económica. Educación también llevará el caso ante la Fiscalía, aunque todavía no lo ha hecho.