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La Diputación reabrió hace escasas semanas el centro de menores de El Vivero, que pertenece al término municipal de Galdakao, para hacer frente a la ... incesante llegada de chavales extranjeros sin vínculos familiares que está registrando Bizkaia durante los últimos meses. «Cada día llega alguno», resumió ayer mismo la diputada general, Elixabete Etxanobe. Desde diciembre su gobierno tiene activada una inédita situación de «excepcionalidad» tras anunciar que los recursos materiales, personales y económicos disponibles para el área de Infancia no daban más de sí y tocaba buscar soluciones de urgencia.
Una de ellas ha sido recuperar el caserío de Artxanda. Tiene capacidad para acoger a una veintena de chicos y, según ha podido saber este periódico, aloja ya a aproximadamente el doble. Aunque el Gobierno foral viene desarrollando con discreción su plan de choque ante la crisis migratoria para salvaguardar la privacidad de los menores y para evitar polémicas vecinales como la originada, por ejemplo, en Sopuerta tras la apertura de un centro, sí que reconoce que ahora mismo tiene tutelados a «unos 600» menas. Son el doble de los que había hace apenas año y medio, cuando la red de acogida ya emitía sus primeros síntomas de sobreocupación.
600 menores
extranjeros sin vínculos familiares, aproximadamente, tutela la Diputación ahora mismo. Hace apenas año y medio eran la mitad y la red de acogida ya emitía síntomas de sobreocupación.
La situación de «excepcionalidad» autoriza la apertura de nuevos centros de acogida por el método de urgencia y a destinar para este fin inmuebles de la Diputación que ahora tienen otro uso. En el caso del caserío de Artxanda llevaba vacío desde finales de 2023 y arrastra una historia con numerosos claroscuros. Se abrió por primera vez en 2018 para hacer frente a un fuerte repunte de llegadas de menores extranjeros y la ocupación llegó a cuadruplicar puntualmente las camas disponibles mientras permaneció cerrado por obras el albergue de Amorebieta, el más grande que existe en la red foral vizcaína.
Hasta la reapertura de Amorebieta, El Vivero se convirtió en el centro de primera acogida del territorio. Fue referencia para la Fiscalía, la Ertzaintza y las policías locales cuando detectaban a algún chaval por la calle o a través de los servicios sociales. Tras un periodo de adaptación son trasladados a otros albergues en función de sus condiciones personales, la edad o la disponibilidad de plazas. Pese a ostentar durante un tiempo esta relevancia, la Diputación siempre defendió que el de Galdakao era un recurso «puntual». A finales de 2022 la empresa que lo gestionaba anunció que quería dejar el servicio y la Administración autorizó su clausura en septiembre de 2023. Los residentes fueron trasladados a otros albergues de forma «ordenada», pero 19 trabajadores sociales se quedaron en la calle al no ser subrogados para otros servicios.
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El cierre fue sorprendente porque coincidió en el tiempo con un nuevo pico de llegadas de menas que sigue sin tocar techo 19 meses después. Aunque el Gobierno vizcaíno defendió en un primer momento que quería «redimensionar» la red de acogida ante la perspectiva -errónea- de que la presión migratoria estaba decreciendo, el centro de Artxanda se cerró realmente por sus problemas de habitabilidad. Un incendio provocado por dos chavales en 2021 ocasionó graves daños en la estructura de los que ya habían dado cuenta antes del cierre el Ararteko y la Fiscalía con sendos informes en los que alertaban sobre la situación «insostenible» del inmueble y los riesgos para la «seguridad» de los chavales y los trabajadores.
Por poner algún ejemplo, semanas antes de su clausura en El Vivero no funcionaban la calefacción ni los urinarios. Durante meses se tuvieron que usar dos váteres portátiles que estaban situados fuera del centro. Al poco del cierre, en una comparecencia en las Juntas Generales, la responsable foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, desveló que su equipo no descartaba reabrir el inmueble y sumarlo a la red permanente de albergues para menas si conseguía adecentarlo. Necesitaba, eso sí, ejecutar «obras grandes» dijo Antxustegi. Ahí emergió otro problema, en este caso entre instituciones.
El centro de menores se sitúa en un terreno propiedad del Ayuntamiento de Galdakao y el planeamiento urbanístico de la localidad le atribuye usos «agropecuarios». La diputada aseguró que su equipo había pedido hasta tres veces sin éxito al Consistorio que recalificara el terreno para poder acometer las reformas necesarias. ¿Se han ejecutado esas obras antes de la reapertura o el inmueble sigue en mal estado? No queda claro. Consultados al respecto, portavoces del Departamento foral de Acción Social aseguraron ayer que «todos los centros de la red de acogida cumplen la normativa». Por el contrario, fuentes del Ayuntamiento de Galdakao explicaron que no han expedido ninguna licencia para realizar reformas.
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