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A La huelga indefinida de Bilbobus, que este domingo cumple los dos meses, va para largo. Aunque el comité de empresa se volverá a reunir ... hoy con la adjudicataria (Biobide, propiedad de Alsa, Transitia y Avanza), ambas partes intercambiaron ayer comunicados públicos que denotan lo alejadas que están sus posturas.
Biobide difundió una nota de prensa en la que denunció que 24 de los 38 autobuses destinados a ofrecer los servicios mínimos del 30% amanecieron ayer vandalizados por los sabotajes. Según aseguraron, es una situación que ocurre «a diario» y que deriva en que las unidades que tendrían que estar en funcionamiento durante el turno de mañana se reduzcan a una cantidad que oscila entre 10 y 14. Un tercio de la flota establecida.
Los incidentes más destacados, señalan desde la empresa, son «los pinchazos en las ruedas y los lanzamientos de huevos, pintura, leche y bombas fétidas en los pasillos de los vehículos». Las unidades son vandalizadas a pocos metros de la cocheras, por lo que tienen que volver a entrar después de ser atacadas, quedando inhabilitadas para circular. En el caso de aquellas que se ponen en marcha, según dicen desde Biobide, lo hacen con dos horas de retraso.
En el mismo comunicado, la adjudicataria advirtió a sus trabajadores de «que los servicios mínimos son una obligación» e insistió que la empresa continúa «con los trámites judiciales y laborales de sobre las personas identificadas por la autoridad en los diferentes atestados». Al mismo tiempo, fuentes de la empresa insistían en que la oferta que realizaron hace tres semanas y fue rechazada por la asamblea de trabajadores era «beneficiosa». Contemplaba una subida salarial del 4% tanto en 2022 como en 2023 y de un 2,5% en el presente ejercicio. Durante los siguientes tres años, en cambio, los aumentos se vincularían a los del funcionariado.
En cualquier caso, la propuesta contempla aumentos menores a la evolución del coste de la vida durante estos años. Una posibilidad que ELA, que ha tomado el relevo a UGT al frente del comité, no está dispuesto a aceptar. En un comunicado aludieron a que «la plantilla de Bilbobus está dejando claro, en las sucesivas asambleas y votaciones, que no va a aceptar ninguna propuesta que no recoja subidas que garanticen el IPC». Del mismo modo, la central soberanista insistió en la necesidad de transformar «los contratos precarios del 62% a tiempo completo» y exigió al Ayuntamiento que se implique en buscar una solución.
Ambas partes volverán a verse hoy las caras después de que la semana pasada el comité de empresa planteara una propuesta de máximos, en los mismos términos que reivindicó ayer. Ante la posibilidad de que el conflicto se enquiste, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aludió el pasado viernes a la opción de solicitar una mediación al Gobierno vasco. Alternativa a la que la empresa se muestra dispuesta y sobre la que los sindicatos todavía no han fijado posición, ya que no se les ha planteado de forma oficial. El departamento de Trabajo, por su parte, afirma que aunque no ha recibido una petición escrita expresa para ello, han existido contactos informales y no ven condiciones para que ocurra esta mediación. En este tipo de intervenciones, tiene que ser solicitada por una de las partes y aceptada por la otra.
Lo que sí está estudiando Trabajo es la posibilidad de aumentar los servicios mínimos. La empresa solicitó ampliarlos al 50% una vez que la huelga se convirtió en indefinida, situación que el Gobierno vasco analiza «en base al equilibro que hay que tener entre los distintos derechos fundamentales en juego». Los sindicatos consideran «abusivas» las frecuencias actuales y han alegado contra la solicitud de ampliación.
«Las declaraciones del alcalde no ayudan a resolver el conflicto. Es hora de encontrar soluciones y no de eludir responsabilidades». Con estas palabras reprobó ayer María del Río, líder de Bildu en el Ayuntamiento, las afirmaciones realizadas el pasado viernes por Aburto, en las que calificó la huelga como «injusta». Así, señaló que el alcalde busca «poner todo el peso en los trabajadores, ignorando la responsabilidad de la empresa adjudicataria y del propio gobierno municipal, que está haciendo dejación de funciones».
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