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Ya el pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Bilbao admitía que la crisis migratoria y la llegada a la ciudad de un creciente número de personas sin techo habían desbordado el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS). En concreto, había una lista de espera ... de un mes para recibir comida y techo. Pues ahora son ya son más de dos meses, según Xabier Jiménez, concejal de Elkarrekin, que ayer hizo el experimento de pedir hora y la primera cita es «el 4 de julio».
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La formación morada presentó en el pleno municipal de ayer una proposición para que el Consistorio pusiese en marcha más medidas, y más recursos a disposición, con el fin de hacer frente a esta situación y garantizar una ayuda tan básica a quienes la necesitan. Finalmente, salió adelante una enmienda del equipo de gobierno en la que el planteamiento no fue tan ambicioso -por inalcanzable, según el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe- pero sí incluye un punto relevante: se pretende «establecer con la Diputación Foral de Bizkaia y con el Gobierno vasco un mecanismo de coordinación para garantizar la atención integral que vaya más allá de la respuesta objeto de la atención primaria que se está ofreciendo y aprovechar la oportunidad para reducir las tasas de personas sin hogar en Bilbao». También se busca mejorar la coordinación con el tejido asociativo y hacer visibles de un modo más claro los recursos de los que la ciudad dispone para hacer frente a este tipo de situaciones.
Ibarretxe dijo, como hizo el mes pasado en declaraciones a este periódico, que la demanda de ayuda se había casi duplicado desde 2019 y recordó que Bilbao está ofreciéndola muy por encima de lo que le correspondería conforme a su población. «Nuestro compromiso está claro», aseguró. Y apuntó que «si Bilbao atendiese a todas las personas sin hogar que vienen de otros lugares, la demanda sería infinita». Según su análisis «el aumento de recursos incrementa la llegada de personas sin hogar». De hecho, reveló que hay estudios que señalan que el empleo de más recursos «no erradica el sinhogarismo, sino que segrega y concentra a las personas sin hogar en un municipio».
María del Río, portavoz de EH Bildu, se mostró muy disconforme con este planteamiento. «Lo más preocupante es que se diga que la oferta condiciona la demanda, el efecto llamada, que esto sea una excusa para no garantizar derechos básicos». En cuanto al hecho de que Bilbao reciba a más personas en situación crítica que otros lugares, la soberanista lo considera lógico por «el efecto tractor de las capitales», que también reciben «más financiación» que otros municipios precisamente por esta misma circunstancia. Sí se mostró de acuerdo en la necesidad de que otras administraciones arrimen el hombro, pero «es competencia municipal aumentar la atención primaria».
Desde el PP, Paula Garagalza se mostró comprensiva con el planteamiento del gobierno municipal al entender que «se debe pedir a otros municipios» que también se impliquen en el asunto porque «nosotros solos no podemos». Y propuso como herramienta de mejora la «empatía y la comprensión hacia nuestros semejantes».
En realidad, todos los partidos asumen que la respuesta al problema debe llegar desde el entendimiento y el trabajo conjunto de diferentes administraciones en distintos niveles institucionales. Pero, en este sentido, Xabier Jiménez hizo hincapié en que «PNV y PSE gobiernan tanto en las capitales como en las diputaciones y en el Gobierno vasco», además de en un buen número de ayuntamientos vecinos a la capital vizcaína, lo que debería favorecer la adopción de medidas conjuntas y el trabajo en común para atajar un problema que se ha convertido en una emergencia.
El concejal de Acción Social también ofreció una radiografía de la situación actual para dar cuenta de como se ha disparado el fenómeno. Así, mientras que el SMUS abrió en 2019 un total de 1.500 casos nuevos, en 2023 fueron 2.892. En estos momentos hay en Bilbao 483 plazas de acogida nocturna, frente a las 203 que había en 2019. En cuanto a viviendas tuteladas, se ha pasado de 79 a 232 en este periodo. Por último, se ofrecen 886 plazas de comedor. Una estructura que, dice el concejal, demuestra el compromiso del equipo de gobierno.
El problema va más allá de las personas sin hogar porque la realidad es muy compleja. A menudo quienes acuden al SMUS en busca de un lugar donde dormir o donde comer no son individuos sin hogar, sino gente que se ha quedado en casas de conocidos pero que se las ofrecen por un tiempo limitado. Así que acuden a los servicios sociales en busca de ayuda antes de quedarse en la calle.
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