Vitoria no sabe qué hacer con su amianto

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Juan Carlos Alonso

El nuevo marco legal exige a los ayuntamientos de España tener un censo de todos los edificios en los que el amianto está presente, así como un calendario para su retirada. Al mismo tiempo, cada municipio deberá gestionar sus propios residuos, como tarde desde 2028. Aunque el fibrocemento se encuentra prohibido en la construcción, aún existen infinidad de edificios que lo utilizaron sobre todo en cubiertas y aislamiento en la segunda mitad del siglo pasado. En el caso de Vitoria, el Gabinete Etxebarria acaba de sacar a contratación el inventario del amianto.

El Consistorio ya reconoce que va «fuera de plazo» en la elaboración de este recuento. De hecho, la ley de residuos llegó a establecer que este inventario debía estar finalizado para el 1 de enero de 2023; es decir, hace un año. Los argumentos que emplea el equipo de gobierno para este retraso se basan en la falta de avances que faciliten encontrar el material y la «complejidad» para tener un censo exacto. «Su detección es difícil, porque sólo aparece cuando se realiza alguna obra», señaló el concejal de Limpieza Pascual Borja (PSE). El inventario empezará por catalogar los inmuebles de titularidad pública y recursos asistenciales, mientras que en una segunda fase se inspeccionarán los inmuebles privados y las viviendas.

Pero al margen de este cometido, el Ayuntamiento se encuentra en un tira y afloja permanente con el Gobierno vasco. El departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente que encabeza Arantxa Tapia recuerda con la frecuencia y persistencia de un martillo neumático que Vitoria, y por extensión Álava, debe hacerse cargo de su asbesto. Y, además, está convencido de que la solución se encuentra en su gran vertedero municipal. El Consistorio mostró un contundente rechazo en la recta final del último mandato de Gorka Urtaran, pero poco a poco asume que deberá gestionar el fibrocemento de su término municipal, tal y como quedó patente en el Pleno de septiembre. El debate que no ha afrontado, y que ya resulta apremiante, es cómo y dónde lo hará.

La instalación de Gardélegui sólo tiene licencia para gestionar residuos no peligrosos. El amianto se convierte en dañino y potencialmente cancerígeno cuando uno de los elementos que contiene en su composición se rompe a la intemperie. Es entonces cuando se liberan las fibras, que resultan tóxicas si se inhalan. El Ayuntamiento insiste en que no solicitará el cambio de catalogación (es de su competencia) para introducirlo y manipularlo dentro del basurero. Tampoco contempla una ampliación del vertedero, al considerar que tiene capacidad suficiente para el futuro próximo.

Pero más allá del posicionamiento político, el Consistorio carece de alternativa para el amianto a medio plazo, mientras el Gobierno vasco insiste en que el polémico residuo puede ser depositado sin riesgo en un espacio sellado y «retractilado». Es decir, que pude quedar allí almacenado una vez que quede aislado en bolsas. Para ello, plantea la construcción de «celdas específicas de fibrocemento e inertes» en el propio vertedero. El Ayuntamiento se resiste a estampar su firma en este plan, ya que también ha rechazado ampliar o adaptar las instalaciones, pero el tiempo corre en su contra y aún no ha presentado una salida convincente. Según han apuntado desde el Gabinete Etxebarria, las soluciones llegarán una vez que se conozca la «magnitud» del problema. Es decir, cuando se sepa con exactitud el volumen de fibrocemento que existe en Vitoria.

Pero esa calma tensa permanente provoca que cualquier detonante desencadene un terremoto político de enormes dimensiones. Es lo que sucedió hace apenas dos semanas cuando la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Barredo, aseguró que el Gobierno vasco busca una «alternativa» para Gardélegui. La afirmación fue desmentida en cuestión de horas por el equipo de Tapia, que trató de desautorizar a Barredo sin paliativos, a pesar de pertenecer a la misma formación política, el PNV, y de haber compartido el mismo área de trabajo hasta hace apenas cinco meses.

Desde Lakua matizaron después que están «siempre atentos a posibilidades que pueden surgir para sumar y aportar nueva capacidad» a la gestión de residuos de Euskadi, pero que no responde a un escenario concreto para Gardélegui. En cualquier caso, consultadas por este periódico, fuentes del equipo de Tapia aseguran que hoy por hoy «no hay una búsqueda específica para hallar una nueva ubicación para el fibrocemento» de Vitoria. «La hoja de ruta no se modifica y el vertedero de Vitoria no tiene alternativa porque es parte de la solución», concluyen.

Y otra cosa. Al desconocimiento sobre las toneladas de fibrocemento que hay en la ciudad se añaden los vertidos ilegales. El Ayuntamiento contabilizó el pasado año 5,2 toneladas de este tipo. La mayoría contenían amianto. Los autores aprovecharon la falta de un inventario municipal para eludir los controles y posibles recargos económicos a la hora de gestionar este desecho. Vitoria necesita una solución si no quiere que el problema del asbesto vaya a más. Y el tiempo corre en su contra.