Urtaran plantea al Gobierno vasco rehabilitar 62 pisos para construir las 960 VPO de alquiler en Salburua

El Ayuntamiento advirtió el pasado jueves de que de que pediría la reforma de algunas viviendas municipales antes de dar el visto bueno definitivo al convenio, sin concretar cuántas. Hasta hoy. El Gabinete Urtaran plantea que esas 62 viviendas también se destinen al alquiler protegido y que sean devueltas «en buen estado» a la Administración local tras un periodo de 20 años. De esta forma, la cifra total de pisos de alquiler protegido alcanzaría los 1.042.

Este es el último aspecto que deberán acordar ambas instituciones para dar el visto bueno al plan que el pasado enero remitió el Gobierno vasco al Ayuntamiento. Y es que al margen de las parcelas y el número de viviendas, uno de los puntos más tensos se ha centrado en el impuesto de construcciones. Lakua contempla una bonificación del 95% en este tributo, mientras que el Consistorio recelaba por no recoger esa ventaja en sus ordenanzas fiscales. Sin embargo, en los últimos meses las posturas se han «acercado» en esta cuestión.

Las parcelas con mayor volumen alcanzan las 318 viviendas, y las más pequeñas, algo menos de 70, por lo que se trata de edificios de gran altura, en la línea de los bloques que se han levantado durante los últimos años en el barrio del Este de la ciudad. En cualquier caso, tanto el número de pisos por cada edificación y la parcela exacta (la mayoría están definidas) deberán ratificarse cuando se cierre el acuerdo, ya que aún pueden producirse modificaciones menores. En una fase posterior se determinará el régimen en el que se comercializarán los pisos, ya sean de protección oficial o de alquiler de tipo social.

Por otra parte, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco tienen pendiente un acuerdo para la rehabilitación de los pisos en la calle Bustaldea, en Goikolarra, para su posterior salida al alquiler social. Sin embargo, este proyecto sufrió un gran revés a finales del pasado año, cuando el Consistorio reconoció que esos bloques se encuentran fuera del actual Plan General. Esto significa que la remodelación de los pisos deberá esperar a que se apruebe la nueva versión del documento, previsto para febrero de 2025. En su última respuesta por escrito, el propio Arriola subraya que el plan requerirá «un plazo más amplio», y que «no existe fecha programada» para que las viviendas puedan ser utilizadas.