El Gobierno vasco propone a Vitoria desatascar 960 VPO en Salburua pendientes desde 2007

En concreto, el plan que se encuentra a falta de la respuesta del Ayuntamiento desde el pasado enero recoge la promoción de 575 viviendas en Arkaiate y 385 en Larrein. Algunas de ellas se desarrollarán en la ubicación prevista antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica (543 pisos). Desde entonces no se han terminado de ejecutar, aunque la construcción de algunas de ellas ya se ha iniciado. El resto de los bloques, que contemplan 417 viviendas, se verán reubicados por diferentes factores.

Se trata, por ejemplo, de la reordenación de las parcelas que se hizo en Salburua y Zabalgana, que los terrenos no se han transferido al Gobierno vasco hasta ahora, el estado de algunos suelos «potencialmente contaminados» o porque la urbanización de algunas zonas que establecía el viejo acuerdo se prevé a «muy largo plazo». Es el caso de las viviendas proyectadas en el entorno de Errekaleor, el único espacio reservado en el nuevo Plan General para la creación de otro barrio en el futuro, siempre que el crecimiento urbanístico de Vitoria lo precise.

Las parcelas con mayor volumen alcanzan las 318 viviendas, y las más pequeñas, algo menos de 70, por lo que se trata de edificios de gran altura, en la línea de los bloques que se han levantado durante los últimos años en el barrio del Este de la ciudad. En cualquier caso, tanto el número de pisos por cada edificación y la parcela exacta (la mayoría están definidas) deberán ratificarse cuando se cierre el acuerdo, ya que aún pueden producirse modificaciones menores. En una fase posterior se determinará el régimen en el que se comercializarán los pisos, ya sean de protección oficial o de alquiler de tipo social.

El Gobierno vasco y el Ayuntamiento se vieron obligados a rediseñar la hoja de ruta, pendiente del visto bueno definitivo tras salvar varios escollos entre las administraciones. El nuevo documento recoge la cesión «gratuita» de algunas parcelas por parte del Ayuntamiento a Lakua, como «contraprestación» a la compra de suelos por parte del departamento de Vivienda en el pasado.

Al tratarse de viviendas protegidas en alquiler, el Gobierno vasco también plantea una elevada bonificación del 95% en el impuesto de construcciones (ICIO) como norma general en sus proyectos de alquiler protegido, que derivó en algunas diferencias entre las instituciones, ya que la fiscalidad municipal no establece esa ventaja.

Pero el Gobierno vasco considera este criterio «difícilmente renunciable por la elevadísima inversión que supone la construcción de vivienda protegida en alquiler», ya que su retorno es menor. Arriola asume que esta condición «suele acarrear una tramitación municipal más compleja», aunque observa que «las posturas se han acercado por ambas partes en esta cuestión», tal y como figura en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por EH Bildu, a la que ha tenido acceso este periódico.

Salvado –como parece– el escollo fiscal, las instituciones observan el terreno preparado para sellar el convenio antes del final de la legislatura. De hecho, el Pleno municipal pidió el pasado febrero al gobierno local que remitiera su propuesta al Gobierno vasco, mientras que la concejala de Territorio, Ana Oregi (PNV), ha repetido que el acuerdo estaba «a punto de firmarse».

Pero más allá de la cesión de las parcelas para la construcción de nuevas viviendas, el Ayuntamiento otorga un valor capital a incluir la rehabilitación de pisos de titularidad municipal en el propio acuerdo, y así se lo trasladará al Ejecutivo autonómico. No obstante, será el documento final el que determine las viviendas que se incluyan en ese apartado, o si se opta por un pacto general para fomentar la rehabilitación en edificios de propiedad pública.

En este sentido, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco tienen pendiente un acuerdo para la rehabilitación de los pisos en la calle Bustaldea, en Goikolarra, para su posterior salida al alquiler social. Sin embargo, este proyecto sufrió un gran revés a finales del pasado año, cuando el Consistorio reconoció que esos bloques se encuentran fuera del actual Plan General. Esto significa que la remodelación de los pisos deberá esperar a que se apruebe la nueva versión del documento, previsto para febrero de 2025. En su última respuesta por escrito, el propio Arriola subraya que el plan requerirá «un plazo más amplio», y que «no existe fecha programada» para que las viviendas puedan ser utilizadas.