Siete pueblos alaveses viven con miedo a no poder beber agua del grifo por contaminación

En el territorio histórico, los afectados censados en esos tres pueblos superan por poco el centenar (136), pero el estudio alerta de un número «superior» dado que «muchos de los municipios multiplican su población en verano». Además, señala el autor del informe, Koldo Hernández, el control sólo fue exhaustivo en el 63% de las zonas de abastecimiento, por lo que se constata «un 40% de laguna». Con todo, la situación ya preocupa lo suficiente por las consecuencias que puede tener para el medioambiente y, más aún si este agua llega a deglutirse, pues podría causar «dolor de cabeza, mareos, cansancio, vómitos, malformaciones congénitas y prevalencia del cáncer colorrectal».

Por suerte (y un buen seguimiento del protocolo), no ocurrió nada de esto en ninguno de los lugares contaminados. En Loza, que depende del municipio de Peñacerrada, la consulta de datos analíticos que presenta el Consorcio de Aguas de Álava Urbide revela que hace dos años tan sólo se colgó un día el cartel de «agua no apta para el consumo» con un valor de nitratos de 58 mg/l. Los vecinos, eso sí, acusan que «tendrían que darse avisos más contundentes», también porque hace un año esta problemática se intensificó y se registraron hasta cinco jornadas (en enero, febrero, junio y octubre) en las que tuvieron que beber agua embotellada.

En Caicedo-Yuso (dependiente de Lantarón) hace dos años se impidió beber durante tres días agua de boca –y uno en 2023– al tener 53 mg/l de nitratos, aunque desde la junta administrativa alegan que esas trabas han desaparecido en la actualidad al contar ya con un manantial propio y no depender de uno de la cuadrilla de Añana.

Fue por tanto Leciñana del Camino quien arrastró el mayor foco de contaminación en el agua de Álava, con hasta 36 puntos de nitratos por encima de lo permitido (85,8 mg/l, en total). «Nunca hemos sido consumidores porque eso era veneno», responde Montse Pérez, presidenta de la junta administrativa del pueblo, tras afirmar que, aunque es algo que ha ocurrido «toda la vida», se agravó hacia la primavera de 2022 y no se ha terminado de solucionar prácticamente hasta el pasado diciembre cuando entró en funcionamiento un nuevo depósito. Esa inversión de casi 876.300 euros de la Diputación alavesa les ha permitido dejar de depender de la envejecida concesión de agua que tenían con el manantial Fuente Molinilla.

«Lo que pasaba desde siempre empeoró con la sequía ya que el sondeo estaba muy bajo y los nitratos se concentraban en menor cantidad de agua, por lo que se acabaron disparando», explica Pérez, que tuvo que solicitar como medida temporal (prolongada durante más de año y medio) la instalación de contenedores en la plaza del pueblo para el regadío, la cocina y el consumo. Aún así, pese a las precauciones, la presidenta apunta que incluso «se rompieron calderas por la cal».

Ecologistas en Acción señalan como origen de la contaminación «el uso masivo de abonos nitrogenados en la agricultura de regadío intensiva así como en las macrogranjas». Urgen un mayor control para detectar todos los incumplimientos existentes. Sin ir más lejos, hace dos semanas el Tribunal de Justicia de la UE condenó a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos.