Los policías locales de Vitoria elevan la presión y empiezan a multar también a la hostelería

Ya hay una decena de denuncias interpuestas. Todas por un supuesto incumplimiento de la ordenanza reguladora de terrazas. Los expedientes se han cursado por «apilar mobiliario en el espacio público», lo que se considera una sanción «grave» según la normativa aprobada por los grupos políticos municipales a finales de 2012.

En todos los casos, las patrullas constataron la existencia de mesas y sillas amontonadas de madrugada junto a los locales cerrados. El reglamento marca que los hosteleros deben guardarlas en una lonja o dentro de sus comercios, extremo que pocos cumplen en la ciudad.

Cuando los expedientes lleguen al departamento de Medio Ambiente, encargado de estos menesteres y dirigido por el peneuvista Iñaki Prusilla, deberá resolverse la cuantía a aplicar. La ordenanza actual contempla para estos casos sanciones «desde los 751 a los 1.500 euros».

Pero hay más. En el supuesto de que algún local fuera reincidente -más de dos infracciones en un año-, la ‘dolorosa’ engordaría hasta los 3.000 euros. Dicho de otro modo, sólo con estos diez atestados tramitados, su montante global oscilaría entre los 7.500 y los 30.000 euros. Un botón para situarse. En los ocho primeros meses de 2016, este apartado se quedó en 28.500 euros.

La gran mayoría de los bares señalados se ubica en la Plaza de España, donde curiosamente suelen desayunar o tomar café los concejales. El resto de establecimientos se localiza en las calles Sancho El Sabio y Ricardo Buesa. Con toda probabilidad, esta lista de damnificados «aumentará en los próximos días si las patrullas constatan que más negocios incumplen la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento», vaticinan medios policiales.

De forma paralela continúa la oleada de multas a conductores, peatones y ciclistas pillados en algún renuncio por la vía pública. Ayer, los policías en ‘huelga de celo’ se dejaron sentir por las calles de Aranzábal, Ariznabarra, el centro, Coronación, Ensanche, Lakuabizkarra, Lovaina, Judimendi, Santa Lucía, San Martín o Txagorritxu. «Que todo el mundo lo tenga claro, hemos seguido el ejemplo de los socorristas o los empleados de la limpieza que han hecho huelga este año. No vamos a parar hasta que el Gabinete Urtaran nos dé una solución, porque nos han ninguneado durante dos años», coinciden varios agentes locales sondeados por EL CORREO. Se quejan de que desde el inicio de esta legislatura no les han respondido a sus demandas, con la consecuencia final de esta huelga encubierta, hecho inédito en la Policía Local desde el lejano 1986.

Para desgracia de los vitorianos, ese acuerdo entre ambas partes parece lejano. El miércoles se produjo la primera reunión de los representantes sindicales, erigidos en intermediarios de los policías rebeldes, con el Gabinete Urtaran. Fue una cita de tanteo que no tendrá continuidad hasta el lunes. Pese a que la idea inicial era que las centrales se reunieran ayer por la mañana para buscar una propuesta común y trasladársela por la tarde al concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Zapatero, los primeros variaron la agenda. La única pista es un mensaje de ‘whatsapp’ mandado a las bases de Aguirrelanda. Reza así: «El Comité está analizando lo tratado en reunión con el concejal, director y jefatura. Ha emplazado a estos a una reunión el lunes para conseguir un acuerdo».

Este anuncio sentó ayer a cuerno quemado en el departamento de Seguridad Ciudadana, encargado de la negociación, mientras el alcalde y máximo responsable político de la Policía Local, Gorka Urtaran, guarda silencio. Hoy, el primer edil se verá obligado a romperlo en su habitual comparecencia semanal ante los medios de comunicación.