Justicia en Euskadi

El Palacio de Justicia de Vitoria se expandirá a dos nuevas oficinas en edificios cercanos

Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno para ambas sedes secundarias, sí ha trascendido que albergarán al menos la Unidad Técnica de Gestión (EAT), encargada de labores de coordinación, y el servicio de gestión de penas, donde los condenados conocen las consecuencias legales de sus actos. El espacio que liberarán permitirá descongestionar el inmueble ideado por los arquitectos Aspiazu Iza –ya fallecido– y Botella Astorqui e inaugurado el 22 de julio de 1994 por el entonces 'superministro' Juan Alberto Belloch.

Esa recuperación de espacio interior conllevará asimismo la paralización –a medio plazo– de las alternativas a estudio para su reforma o reubicación. Porque hasta la compra de estas dos lonjas se barajó un traslado. Entre las posibles localizaciones gustaba mucho la cercana explanada junto al Palacio Zulueta. También se pensó en levantar hasta tres nuevas plantas sobre el bloque actual, como planteaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las alegaciones presentadas por el Departamento vasco de Justicia que, sin embargo, nunca vio con buenos ojos ese crecimiento en vertical.

Ajenos a esas variables, en el Palacio de Justicia continúan a lo suyo. A solucionar los problemas de los ciudadanos. Porque en este trigésimo aniversario, sus números dan fe de una labor fundamental, a menudo denostada y no siempre sencilla. Desde 1994 han extendido más de 1,2 millones de sentencias, autos, actas, actuaciones y escritos diversos.

Van a un ritmo de 3.200 expedientes mensuales. Entre sus muros acreditan nacimientos y defunciones, validan separaciones y enlaces matrimoniales, ordenan devoluciones económicas por cláusulas abusivas o por incumplimientos de contrato, imponen medidas a menores conflictivos y, por supuesto, decretan castigos para aquellos que roban, agreden, estafan, trafican o asesinan.

Con sus tiempos, ya que la Justicia es lenta, muchas veces porque carece de medios suficientes. Los asuntos más dilatados en el tiempo han sido el de Dmitry Piterman, la trama corrupta de De Miguel y las falsificaciones del yacimiento de Iruña Veleia.

«Llegamos a todo, pero hay un cuello de botella cuando los asuntos se ponen en la mesa del juez. Hacen falta más jueces», propone Mercedes Guerrero, la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, cabeza visible de este estamento. Pone el foco en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, tan sobrepasado que acaba de incorporar una jueza de refuerzo. «Tiene mucha carga de trabajo, algo que no esperábamos cuando se creó. Es un dato muy malo porque hablamos de una materia sensible». Suelen producirse del orden de dos arrestados diarios por este motivo.

El Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz fue el primero del País Vasco donde se dictó una prisión permanente revisable, la versión española de la cadena perpetua. La recibió el asesino de la niña Alicia, a la que tiró por una ventana en la calle Libertad. El magistrado Jesús Poncela la dictó.

No obstante, este jurista destaca el 'caso Sansoheta', el de la prostitución de menores, varios bajo el paraguas de las instituciones locales. «Estamos viendo demasiado a menudo delitos sexuales con menores como víctimas», lamenta. Más del 50% de las vistas orales que celebra su sala, la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, incluye el componente sexual.

Durante este primer trimestre de 2024, los 28 juzgados de Vitoria han rubricado 2.696 sentencias, 2.097 autos y 1.493 decretos. Siempre en castellano. El año pasado sólo hubo una petición de uso del euskera. Resultan más habituales las intervenciones de traductores de idiomas extranjeros, como el árabe, georgiano, francés, inglés o ruso.

Los escritos que antes redactaban a máquina y entregaban en papel, se incluyen en la actualidad en el expediente judicial electrónico. El País Vasco fue el último en sumarse a este avance, no sin cierto recelo entre abogados y procuradores. Ejercen más de medio millar del primer grupo y 38 en el segundo.

Muchos de ellos se quejan de la «inacción municipal» con los desalojos. A raíz del decreto de vulnerabilidad del Gobierno central basta con tener menores a cargo o carecer de empleo para evitar ser expulsado de un piso, aunque se haya okupado o no se haya pagado más allá de la primera mensualidad. «Corresponde a los servicios sociales buscar una alternativa habitacional, pero Vitoria no tiene disponibles, por lo que nos obliga a paralizar los lanzamientos», admite Guerrero.