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La reestructuración del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria impulsada por la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, que ha generado un terremoto y un clima desconcertante en el propio departamento, ha encendido las alarmas en la oposición municipal, que ha mostrado en bloque su preocupación. La creación del nuevo Servicio de Desarrollo Estratégico y Vivienda supone una «duplicidad» con respecto al área de Planeamiento previamente existente, y cuenta con funciones «exactamente iguales», con lo que es un equipo «ad hoc», lo que genera «arbitrariedad e inseguridad jurídica», ha censurado el grupo del PP, formación que se ha mostrado más crítica con los cambios. Tacha el nuevo equipo de una especie de «servicio paralelo», «ventanilla B» y «a la carta» dedicado a «proyectos estratégicos» para el Ejecutivo.
Uno de los aspectos en los que han incidido los populares es el control sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), herramienta en las que se centrará el nuevo equipo impulsado por el PSE. Como ha advertido el portavoz de los conservadores, Iñaki García Calvo, el nuevo servicio «no tiene jefatura», cargo que «sirve como coto al poder político». «Duplican funciones y crean dos criterios de forma arbitraria. Es muy peligroso, nos preocupa. El expediente que interese va al servicio estratégico y todo lo demás al de planeamiento», ha alertado en la comisión de Urbanismo de este lunes.
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Los cambios, según sostienen los populares, no están centrados en el área de vivienda, que es «una cortina de humo que han utilizado para crear este servicio ad hoc». Por el contrario «han utilizado las políticas de vivienda para crear un servicio paralelo al existente». A su juicio, las modificaciones «crean inseguridad juridica». «Cada vez que tengamos que votar un plan urbanístico van a crear desconfianza, porque no sabemos si va a ir a la ventanilla A o la B». Además de ello, ha lamentado García Calvo, la reestructuración en Urbanismo ha contado «con el visto bueno del PNV».
EH Bildu ha advertido también sobre el «conflicto abierto» en el Ayuntamiento debido a la reestructuración y su impacto en cuestiones estratégicas como el nuevo Plan General, pero también el PERI del Casco Viejo o el proyecto de Zaramaga. Ha aludido también a los recientes cambios. «Tres direcciones de Urbanismo en 15 meses, recursos y posibilidad de que acabe en el juzgado», ha manifestado con inquietud el edil soberanista Xabier Ruiz de Larramendi. Un «lío» que tiene al departamento «dividido» y que «no ayuda a nadie». «Nos preocupa mucho toda esta marejada».
La primera fuerza de la oposición también ha puesto el énfasis en las políticas de vivienda, reprochando que el Gobierno «ha creado el servicio de vivienda para seguir renunciando a la competencia vivienda», cuando en la capital alavesa hay «11.000 demandantes de alquiler protegido», según Ruiz de Larramendi.
La reestructuración genera «desconfianza» igualmente en Elkarrekin Podemos, preocupado por su afección al Plan General. «No entendemeos por qué en el tramo más decisivo de la aprobacion definitiva haya estos cambios que están provocando ruido», ha criticado el concejal morado Óscar Fernández. «No vamos a permitir más retrasos en la aprobación y menos si es por estos cambios», ha concluido el grupo que, cabe recordarlo, es el socio del Gobierno PSE-PNV para aprobar el Plan General.
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