22 horas al día disponibles para prostituirse en un club de Vitoria

A raíz de una inspección rutinaria de la Policía autonómica se descubrió que, tras las cuatro confortables habitaciones donde ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero, se ocultan unas instalaciones más propias de una cárcel. Y con unas normas internas próximas a la esclavitud. Es la otra cara de los clubes de alterne.

Hay media docena de estos locales en la provincia. Se añade casi un centenar de pisos donde atienden a clientes. Mientras que apenas cuatro mujeres ejercen ya en las rotondas de la zona norte de Vitoria. Cada día, cerca de trescientas personas realizan esta actividad. Alrededor de un 20% son transexuales. «Si hay tanta gente es porque hay mucha demanda. Eso debería hacernos reflexionar», coinciden medios policiales y judiciales.

Con el caso judicializado, EL CORREO ha tenido acceso al expediente de la investigación abierta a este club ubicado frente a un colegio. Como es habitual en este oscuro mundo, trabajan con personas sin papeles. Con ello evitan preguntas incómodas o cualquier conato de resistencia ante sus abusos. Leoninas, sólo así pueden etiquetarse las condiciones de vida de las chicas que pasan por este lugar donde intervino la Ertzaintza.

Supuestamente, les concentraban los pagos por sus servicios a un par de veces a la semana. Viernes y lunes. Probablemente para impedir que marcharan antes de lo previsto. Desde Berakah subrayan la altísima rotación de la mayoría de las personas que ejercen la prostitución en Vitoria. «Antes llegaban a pasar 28 días. Ahora hay casos que a los 7 días cambian de ciudad».

Extranjeras, indocumentadas, de clase baja y que generalmente saben a qué vienen a España. Ese es el perfil habitual. Coincide con el detectado en este establecimiento. La investigación advierte de que la 'casa' se queda con hasta el 70% de los ingresos. Y además, usando un burdo engaño. Parte del dinero retenido a estas chicas se deriva a pagar a «Hacienda», institución ajena a esta actividad en B. El cliente abona desde 60 euros por 20 minutos a 120 a cambio de una hora. El precio engorda si solicitan drogas, que se pagan aparte.

Prohibido «freír»

Las chicas aguardan en una habitación interior con literas, donde las comodidades brillan por su ausencia. Apiñadas. Se cree que en las jornadas de mayor actividad han convivido «cerca de quince». Ayer, la web del establecimiento –que sigue activo– 'ofertaba' a tres jóvenes, pero mostraba otras 96 'no disponibles'. Es decir, todas habían pasado por ahí en algún momento más o menos cercano.

En una de las notas halladas por los agentes de la Ertzaintza se especifica que sólo pueden salir a la calle «dos horas al día». El resto deben estar listas para trabajar. Sea la hora que sea. Cuando duermen, les conminan a levantarse, vestirse y presentarse al cliente. De lunes a domingo, laborable o festivo.

De la cocina sólo pueden usar el microondas. Freír pescado o gambas está «prohibido», según otra de las anotaciones que figuran en el sumario. Al parecer, las responsables del local no querían que el olor malograra ningún servicio. «Evitar comidas muy condimentadas», rezaba otra de las normas. En el registro, los ertzainas localizaron cinco teléfonos –para atender llamadas–, un par de datáfonos y algo de droga.

El caso ha indignado a la asociación Clara Campoamor, que se personará como «acusación popular» en el proceso penal. Su portavoz, José Miguel Fernández, Fote, hace una reflexión sobre esta punta de un iceberg de proporciones desconocidas. «Este delito existe porque hay un mercado para él. Porque hay personas, hombres casi exclusivamente, que están dispuestos a pagar por mantener relaciones sexuales. Si no existieran esos potenciales compradores, el negocio decaería. Por tanto, la manera más efectiva para erradicarlo es invertir en educación y sensibilización dirigida tanto a profesionales como a la población general y, sobre todo, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes».

El delito de prostitución puede entrañar hasta cuatro años de cárcel. Fote reclama «extremar la vigilancia para mejorar el tratamiento judicial de protección a sus víctimas y repararles el daño».