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«Una mujer puede venir a ejercer la prostitución con una deuda de 3.500 euros y que crezca hasta los 10.000. A muchas ... les retiran el pasaporte, no las dejan salir más que una hora al día y vigiladas y nos hemos encontrado casos en los que las sancionan porque cuando hacen las presentaciones a los clientes no tienen los labios pintados, porque les viene el período... La deuda no termina nunca». Quien habla es un veterano mando de la Policía Nacional en Bizkaia dedicado a las investigaciones penales. Lo hace con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, una lacra que afecta a millones de mujeres.
En Euskadi, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio de Interior, hay 400 personas «en riesgo» de estar sufriendo explotación sexual. El dato es de 2023, y se desprende de las inspecciones realizadas en clubes y pisos a lo largo del pasado año (110). Porque una cosa es «tener indicios» de que una mujer está siendo explotada sexualmente, como que esté en situación administrativa irregular, con la documentación retenida, con hijos en el país de origen..., y otra muy diferente que se pueda demostrar y que ella quiera colaborar. «En el sistema, la carga de la prueba está en la declaración de la víctima, que tiene que declarar en sede policial y luego en sede judicial», precisa el policía nacional.
Un escollo son las propias redes, que trabajan en diferentes comunidades autónomas y a nivel internacional. También las posibles «contradicciones» en las que «pueden incurrir las víctimas», que serán aprovechadas por los abogados de los investigados. Pero la principal dificultad es la situación de las propias afectadas. «Tienen miedo, no quieren declarar, y está el componente psicológico de que a veces no se reconocen como víctimas. Aunque les pongan sanciones por cosas ridículas, su explotador sigue siendo la persona que les ha ayudado a venir, que les ha pagado el billete, y están agradecidas», lamenta.
Y es por todo esto que las cifras de mujeres en riesgo no tiene nada que ver con la de víctimas de trata acreditadas. El pasado año ascendieron en Euskadi a 16, pero el anterior, a pesar de que se desmantelaron algunos pisos, apenas entraron 4 en el sistema de protección. Es, en cualquier caso, y en palabras de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, una lucha «fundamental para salvaguardar la dignidad de personas en situación de vulnerabilidad». Destaca el trabajo policial para «salvar y proteger» a estas mujeres del «abuso despiadado y miserable que supone traficar con ellas».
Marian Arias, gerente de Askabide, asociación que lleva cuatro décadas apoyando a mujeres que ejercen la prostitución en Bilbao, tiene claro que la mayoría de las víctimas liberadas en redadas «vuelven» a ejercer la prostitución. «Tienen interiorizado que son las reglas del juego, y no se dan cuenta hasta que salen de que eran víctimas», expone. A la entidad, que tiene un recurso de acogida convenido con Emakunde, llegan de hecho víctimas de trata que se identifican como tal años después de haber abandonado la red.
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En el trabajo de campo no se encuentran con estas situaciones. «Tenemos un sesgo muy importante. Si nos dejan entrar en un local o un piso, es raro que ahí haya trata», apunta. Pero sí tienen «indicadores» que les dicen que puede haber explotación, como que trabajen «24 horas al día, en lugares insalubres...».
Las mujeres que llegan a la asociación Nueva Vida «tienen un proceso traumático brutal». Julio David Justamante, gerente de la entidad, que ofrece pruebas de VIH y asesoramiento psicológico, jurídico y sociolaboral cada año a unas 300 prostitutas que ejercen en Bizkaia, entiende que en muchas ocasiones no están en condiciones de «enfrentarse a la justicia». «Las mafias se diluyen. Hay un caso en el que tenían que indemnizar con 100.000 euros a una víctima y cobró 3.000», pone como ejemplo.
Guillermo Vázquez, coordinador de Cruz Roja en Bizkaia, recuerda que «la trata está recogida como uno de los motivos por los que se puede solicitar asilo», lo que ofrecería a las víctimas un apoyo directo de programas públicos. En el caso de esta organización, disponen de un piso de 15 plazas «con atención las 24 horas» en el marco de un programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinado a víctimas de trata que han entrado en el país «por la frontera sur o en patera».
El perfil, en cualquier caso, está variando. Las nigerianas que ejercían la prostitución en la calle, las «más vulnerables» según coinciden las entidades y medios policiales, ya no están. Las víctimas de trata proceden, en su mayoría, de Latinoamérica y también de Marruecos. Lo que no varía, lanza Justamante, es el cliente, que suele tener «pasaporte español».
En su contexto
16 mujeres fueron acreditadas como víctimas de trata el año pasado en Euskadi, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior. Un año antes fueron 4.
2023 | Operación Alpilar en Bizkaia La Guardia Civil liberó en marzo del pasado año a 13 víctimas de explotación sexual en un operativo desarrollado en Barakaldo, Bilbao y Fruiz.
110 inspecciones a lugares en los que se ejerce la prostitución en Euskadi realizaron las fuerzas de seguridad el pasado año. Son casi el doble que en 2019, cuando llevaron a cabo 65 actuaciones de este tipo.
2024| Operación Joya-Aguyje La Guardia Civil de Bizkaia y la Policía Nacional, en un operativo conjunto, desmantelaron en febrero una organización criminal que tenía a seis mujeres confinadas en condiciones «infrahumanas e insalubres» en dos pisos en Cataluña en los que las prostituía sin descanso.
92.496 mujeres estarían en riesgo de trata a nivel nacional, según un estudio realizado por el Ministerio de Igualdad en el que se analizan con detenimiento hasta 654.000 anuncios de contactos publicados en páginas web.
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