El Hiriko siguió los «procedimientos habituales» para obtener los 18 millones de subvenciones

Turno para la defensa. La quinta sesión del procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil 1 por el fallido proyecto del Hiriko ha pivotado este viernes sobre dos estrategias fundamentales: demostrar que hubo «claridad» en la gestión administrativa realizada por Afypaida, la sociedad sin ánimo de lucro que se encargó de impulsar el pequeño vehículo eléctrico, y que, «en todo momento», se rindió cuentas a distintos responsables técnicos y de supervisión vinculados al entonces Ministerio de Ciencia e Innovación.

En síntesis, el abogado defensor de Afypaida ha recurrido a los profesionales de la empresa contratada por esta sociedad para gestionar la petición de subvenciones y la redacción de informes puntuales para Madrid, como mecanismo para dar un respaldo profesional al que fue el principal argumento de autoexculpación que sostuvieron los cuatro encausados (el empresario de la órbita del PNV, Jesús Echave; el ex concejal jeltzale en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñigo Antia; José Luis Bengochea y José Achaerandio) durante su comparecencia ante la juez el pasado 22 de septiembre.

¿Qué procedimientos se siguieron para conseguir las subvenciones del Estado? «Los habituales para un proyecto de I+D+I», han defendido dos empleados de la gestoría Adigest, especializada en dar cuerpo a las solicitudes de ayudas públicas con «25 años de experiencia, 2.000 peticiones vivas y un nivel de tramitación medio de 400 solicitudes anuales» a distintas administraciones. Unas credenciales que han sido remarcadas de forma reiterada por el letrado de la defensa y los dos testigos. «Ayudamos a Afypaida en todas las memorias económicas y en el caso de Denokin sus memorias técnicas estaban revisadas. Cuentas auditadas y un proyecto de vehículo que, según se nos dijo tuvo una justificación excelente», defendió una de las administrativas que llevó la documentación del Hiriko.

No ocultó lo «poco habitual» que resultó el hecho de que el Ministerio solicitara el reintegro de las ayudas años después. Aunque incluso en ese momento, se «fueron tramitando una serie de alegaciones, partida a partida, que en gran parte fueron estimadas». El contacto con el Ministerio era «continuo y fluido», se remachó.

En este procedimiento se juzga si los encausados incurrieron en un proceso concursal ‘culpable’ cuando en el año 2015, se confirmó la extinción societaria de Afypaida pese a que en 2013 había presentado un preconcurso por problemas de liquidez al que no se dio continuidad. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Administración concursal reclaman el reintegro de las ayudas del Estado (principalmente) y del Gobierno vasco, con las que se enjugó el proyecto del Hiriko, un vehículo que se quedó en prototipo y nunca consiguió la homologación para ser comercializado. Hasta 18,9 millones de euros se exigen a los encausados como cantidad de reembolso.

Otro de los mecanismos de las defensas para intentar desacreditar la tesis de la acusación de que existió en Afypaida «un complot de sustracción de fondos públicos» ha sido el intentar demostrar que los pagos realizados a las dos empresas que se implicaron en el desarrollo de las conocidas como ‘roboruedas’, de tracción total y pieza clave del pequeño coche, estuvieron justificados. Sapa entregó ocho para dos prototipos y Maser, cuatro, pero totalmente distintas, en base a unas especificaciones técnicas propias. Las diferencias de criterio entre las dos empresas, agrupadas bajo una misma sociedad que, a su vez, estaba vinculada a Afypaida, han quedado evidenciadas en sesiones previas del juicio. Afypaida pagó por adelantado el desarrollo de 80 de estas roboruedas.