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Salvador Arroyo
Viernes, 22 de septiembre 2017
La sala 1 del juzgado de lo Mercantil de Vitoria acogió ayer la segunda sesión del juicio que se sigue por el conocido como ‘caso Hiriko’, el fallido proyecto para crear y comercializar un vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno de Juan José Ibarretxe y ... que recibió en torno a 18 millones de ayudas públicas del Estado y del Gobierno vasco sin aportar nada más que un prototipo. Los cuatro promotores de la empresa Afypaida, encargada del desarrollo del vehículo han enfatizado durante la sesión que en todo momento contaron con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dirigía la guipuzcoana Cristina Garmendia. Han subrayado que Madrid estaba al tanto de todo y que nada se hizo sin el conocimiento del principal pilar económico del proyecto.
El empresario Jesús Echave, del entorno nacionalista; el exconcejal del PNV y mano derecha del entonces líder del ABB, Íñigo Antía, y dos empresarios locales, el joyero José Luis Bengochea y el promotor Fernando Achaerandio se sientan en el banquillo de un proceso mercantil que se prolongará hasta el 27 de octubre, según las previsiones de la sala, y en el que deberá dilucidarse si existió un delito culposo en la declaración de quiebra de la sociedad (Afypaida, decretada en marzo de 2015 pese a que desde 2013 se encontraba sin liquidez) que aglutinó esas generosas ayudas públicas entorno a un proyecto de extrema fragilidad.
Echave, empresario de canteras y unas de las piezas clave del caso, de acuerdo a la Fiscalía, acaparó la máxima atención de la magistrada, que le hizo declarar por espacio de 90 minutos. Durante la declaración, Echave fue rotundo: «Se informada de todo al Ministerio» con el que existía una «fluida» relación, dijo.
El mismo mensaje lanzaron el resto de socios del proyecto. Así, el promotor inmobiliario Fernando Achaerandio, que fue responsable de una de las sociedades dependientes de la matriz Afypaida, indicó en un momento de su declaración que «el Ministerio estaba al corriente de todo, venía todo el mundo por aquí», en relación a responsables políticos y personal técnico vinculados al departamento de Garmendia. En los mismos términos se pronunciaron tanto el exconcejal del PNV del Ayuntamiento de Vitoria Iñigo Antia –persona de confianza del antiguo presidente del ABB Iñaki Gerenabarrena- y el joyero vitoriano José Luis Bengochea. ¿Por qué transcurrió tanto tiempo entre el preconcurso y la declaración de quiebra? Porque se generaron expectativas de que la sociedad fuera recapitalizada. Todos ellos apuntaron a potenciales socios de Kazajistán, entre otros. Algo que nunca se llevó a término.
En el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria, la Fiscalía reclama que se declare culpable la quiebra de la compañía y se imponga a los cuatro 10 años de inhabilitación y que ellos y otras quince empresas vinculadas al proyecto devuelvan de forma solidaria 15,7 millones en ayudas públicas. Una cifra que la Abogacía del Estado, personada también como acusación junto con la administración concursal eleva a más de 18 millones de euros. Durante la sesión la acusación ha orientado su estrategia en intentar demostrar que, al menos dos de los movimientos que hizo la sociedad Afypaida, refrendarían la idea de una gestión negativa para la sociedad. En relación con el hecho de que Afypaida se trasladase al edificio Alas, propiedad de Echave y se acometieran en él una serie de importantes reformas, el propio Echave subrayó que él no negoció las condiciones del contrato. «Ni supe quien lo hizo ni quise saber». Defendió, de hecho, que ese traslado y la posterior ampliación, se aprobó en Junta «y por todos los socios», lo que el ex concejal del Ayuntamiento de Vitoria defendió como un factor de «transparencia» porque, insistió, el había solicitado «varios presupuestos» y el de Alas pareció ser el menos gravoso. Antia fue señalado por los otros tres encausados como el principal encargado de buscar las subvenciones. Él añadió que no fue el único «otros» se reunieron «con todo el espectro político».
El otro movimiento polémico, la adquisición de un prototipo de vehículo de fórmula 1 a la también malograda sociedad Epsylon –otro de los suelos automovilísticos del gabinete Ibarretxe cuya quiebra fue declarada «culpable»- fue justificado en su aprovechamiento «para la investigación de aspectos técnicos» relacionados con el Hiriko. Los cuatro encausados coincidieron en señalar a Armando Gaspar, que fuera ex directivo de Mercedes Vitoria, y que se implicó también en el desarrollo del Hiriko, como la persona que recomendó en última instancia la adquisición de este bólido ‘formato Le Mans’ porque el que se pagaron 535.000 euros más IVA.
Afypaida se constituyó como asociación sin ánimo de lucro para recibir las subvenciones públicas. Si el Hiriko hubiera alcanzado la fase final de desarrollo y la consiguiente homologación, su comercialización hubiera correspondido a Hiriko Cars, otra de las empresas que nació bajo el paraguas de este. Echave aseguró que al final no aportaron más inversión personal porque «la crisis económica lo impidió», al tiempo que ha constatado que la relación con el Ministerio de Ciencia e Innovación era «fluida». «Siempre estuve tranquilo porque lo estábamos haciéndolo bien. Nadie se quejó», planteó en otro momento de la densa vista oral Achaerandio.
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