El Gobierno vasco quiere imponer planes medioambientales a los ayuntamientos «por el interés general»

PNV y PSE han incorporado más de cien correcciones a un texto que ya presentaron la pasada legislatura cuando el área de Medio Ambiente la lideraba el socialista Iñaki Arriola; entonces decayó al no poder cumplimentarse los plazos para ser aceptada. Y una de esas enmiendas es para crear la figura de 'proyectos de interés público superior' con la justificación de la «necesidad de disponer de un mecanismo que pueda superponerse al planeamiento municipal». Responde al objetivo de «defender el «interés general» por encima de los «locales particulares», explicó la consejera Arantxa Tapia en el Parlamento.

La titular del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente recordó que ha habido casos en los que municipios en concreto se han opuesto a la implantación de una infraestructura de interés para el conjunto de Euskadi utilizando el planeamiento urbanístico o la ordenación territorial para frenar ese proyecto. Un ejemplo reciente se ha dado en Vitoria con el plan impulsado por el Gobierno vasco para explorar el subsuelo en Subijana, junto a la capital alavesa, en busca de una posible bolsa de gas. El Consistorio rechazó darle licencia de actividad por considerarla «incompatible» con su norma urbanística.

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Esa soberanía municipal quedará ahora «amenazada», denunció el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño, porque la nueva figura jurídica «puede obligar a cambiar el desarrollo urbanístico y el Plan General de un municipio para adaptarlo» a una infraestructura medioambiental concreta. Y por ello pedirá la comparecencia de Gorka Urtaran, presidente de la Asociación de Municipios de Euskadi, Eudel, «para que se exprese su opinión sobre esta enmienda».

El representante abertzale también criticó que se quiere «modificar la Ley vasca de Ordenación del Territorio» -esta sí depende del departamento que dirige Arriola- y «pasar por encima» de planes territoriales sectoriales o parciales que pueden aprobar las diputaciones. La coalición cree que «con la excusa de buscar la mejora ambiental» se abre la puerta a llegada de «la iniciativa privada» y si el Gobierno «tiene interés en esos proyectos, pueden salir adelante sin contar con autorización municipal».

Tapia señaló que esos planeamientos urbanísticos «hay que utilizarlos en la búsqueda del interés general» de la comunidad autónoma ante los particulares de determinados municipios, en un momento en el que numerosos ayuntamientos de EH Bildu pero también del PNV están mostrando su oposición a proyectos de energías renovables o de tratamientos de residuos. En este sentido, la consejera advirtió que con la «tendencia» de imponer vetos a infraestructuras en un ámbito local -citó el efecto 'Nimby' (Not in my back yard) que rechaza tener actividades que conlleven riesgos cerca de nuestro lugar de residencia- «podemos alcanzar, y no muy tarde, situaciones de riesgo». A su juicio, la situación actual demanda dar respuesta inmediata a la necesidad de eliminar residuos para evitar el «colapso» por la ausencia de espacio en los vertederos.

«Euskadi ha de avanzar de forma intensa hacia la descarbonización, la transición energética y la racionalización en la utilización de recursos para hacer frente a la emergencia climática», aseguró la titular de Medio Ambiente, y este instrumento jurídico «ya se aplica en once comunidades autónomas» y aporta «cobertura legitimadora» a la actuación del Gobierno vasco. El Gabinete Urkullu será quien determine cuáles son los proyectos de interés público superior. «Habrá transparencia en su tramitación y en las características y promotores de estos planes», añadió.

Y también «absolutas garantías» de que cumplen la normativa. De tal forma que si hay informes contrarios a algunos planes, como en el caso de los emitidos por la Diputación alavesa contra dos parques eólicos en los que hablaba de efectos «irreversibles para la fauna y la flora y a los que renunció el Ejecutivo, «no se admitirá cualquier proyecto. Seremos muy garantistas», remataron portavoces oficiales del departamento de Tapia.

El Ayuntamiento (PNV) rechazó dar licencia al Gobierno para explorar el subsuelo en Subijana en busca de posibles bolsas de gas. Consideraba esa actividad «incompatible» con su norma urbanística. Aunque el Ejecutivo mantiene el recurso en el juzgado.

La intención de FCC de ampliar en un 41% la capacidad de su vertedero en Lemoa, que está ya en el tramo final de su vida útil, y acoger más residuos tras el desastre de Zaldibar ha chocado con la negativa del Consistorio vizcaíno, gobernado por EH Bildu.#Gipuzkoa

Esta infraestructura sí ha salido finalmente adelante, pero tras un cambio de gobierno en la Diputación. EH Bildu se opuso durante su mandato y paralizó el proyecto. Con el regreso del PNV se desatascó la situación. Es una instalación «de interés público», dijo ayer Tapia.

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