El Gobierno vasco expedienta a Vitoria por infracciones medioambientales en Gardelegi

Las inspecciones de los técnicos medioambientales buscan comprobar que las instalaciones de empresas e instituciones cumplen con las condiciones con las que se autorizaron. Y el Ayuntamiento, en la última década, ha pasado por 16 exámenes de este tipo. Cuatro visitas rutinarias detectaron un cumplimiento «medio-bajo» o «bajo» en relación a sus permisos medioambientales. Los informes del Gobierno vasco, a los que ha accedido EL CORREO, señalan defectos en los vertidos de aguas, la protección de los suelos, el cuidado de la calidad del aire, la gestión de residuos o las condiciones específicas del vertedero.

Habitualmente estos reconocimientos se saldan con requerimientos para arreglar los problemas en treinta días. Sin embargo, en abril una inspección extraordinaria, realizada para comprobar que se habían corregido incumplimientos previos, tuvo un final diferente. El registro volvió a detectar infracciones en varios puntos: calidad del aire, agua y en las condiciones específicas del basurero. Y esta vez, a diferencia de otras, se saldó con la solicitud de inicio de un expediente sancionador.

El Ayuntamiento recibió la notificación de este informe el pasado 15 de mayo, pero no presentó ninguna alegación en la quincena de días que tenía para ello. Las sanciones que podrían recaer sobre Vitoria si el expediente acaba en castigo dependerán del grado de gravedad que considere el Gobierno vasco. La ley estatal que regula el asunto contempla multas que pueden ir hasta un máximo de dos millones.

El pasado mes de abril, antes de que Lakua abriese este expediente sancionador, el concejal responsable del área, el socialista Pascual Borja, reveló en una comisión municipal que Vitoria había abonado desde 2019 un total de 216.000 euros por cuatro multas previas. La más cara, relacionada también con incumplimientos en la autorización ambiental, ascendió a 160.000 euros, aunque se redujo a 96.000 porque el Consistorio se acogió al pronto pago. El titular de Limpieza reconoció que desde el incidente de Zaldibar hay «una mayor vigilancia» en las inspecciones.

Portavoces del equipo de gobierno señalaron ayer que el Consistorio «está acometiendo importantes inversiones de adecuación a la autorización ambiental integrada», que superarán «los cuatro millones de euros». El presupuesto municipal de este año incluye varias partidas del Departamento de Limpieza destinadas específicamente a actuaciones en Gardelegi.

El Ayuntamiento de Vitoria, en cualquier caso, no es la única empresa de Álava supervisada por el Gobierno vasco. El listado de inspecciones al que ha accedido EL CORREO, de más de 300 exámenes, incluye a emblemas de la industria alavesa como Mercedes, Michelin, Pepsico, Alestis, Condesa, General Química o Lascaray. En ninguna de las mencionadas se detectan faltas de este tipo.

Las señaladas por esos «incumplimientos», más allá del Ayuntamiento, son apenas seis empresas del territorio. Y ninguna, a excepción de Resal, acumula más de un apercibimiento por parte de Medio Ambiente.

El vertedero municipal, que recibe unas 100.000 toneladas tras el derrumbe de Zaldibar, lleva años envuelto, además, en la polémica del amianto. El cruce de declaraciones que mantuvieron en otoño la exconsejera Arantxa Tapia y la alcaldesa Etxebarria no llegó nunca a aclarar el futuro del fibrocemento. Según el Ayuntamiento, en Vitoria algo menos del 10% de los edificios municipales contienen este material, cancerígeno para el ser humano.

A los residuos que se procesan en Gardelegi hay que sumar los que, clandestinamente, se depositan en puntos de la ciudad de forma ilegal. Este tipo de vertidos han provocado en más de una ocasión las quejas de vecinos y empresas en puntos como Ali o Sansomendi. Según el Ayuntamiento, en 2022 fueron 5,2 las toneladas de residuos que se abandonaron en la calle al margen de la ley.