Garoña iniciará su desmantelamiento «de inmediato» pero guardará sus residuos 50 años

La orden emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica autoriza a su vez la transferencia de titularidad de la planta de Nuclenor -sociedad coparticipada por Endesa e Iberdrola- a la empresa pública Enresa (responsable del desmontaje), último paso pendiente que «tendrá lugar en los próximos días», transmitieron ayer desde el área que dirige la ministra socialista Teresa Ribera. Su anuncio llega a menos de una semana de la celebración de las elecciones generales del 23-J y coincide con el debate sobre el futuro del parque nuclear en España.

Una vez completado ese traspaso de titularidad, «el requisito legal que faltaba» para arrancar el plan, los trabajos -en la denominada Fase 1- empezarán «de forma prácticamente inmediata», trasladan a EL CORREO fuentes del mismo ministerio. Enresa tiene «todo listo» para que, una vez sea la titular, arrancar «automáticamente». En esa primera etapa, prevista entre 2023 y 2026, se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes.

A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central. Es la solución adoptada el pasado año por el Ejecutivo de Sánchez, obligando a cada central a guardar sus propios desechos radioactivos tras renunciar a la construcción del almacén central de Cuenca. De ese modo, la planta atómica ubicada a 65 kilómetros de Vitoria acumulará sus desechos durante al menos 50 años más, hasta 2073.

Entre 2027 y 2033 (la Fase 2) llegará la etapa crítica. Ya con el combustible en el ATI, se abordará el «desmantelamiento final» de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para concluir con la restauración del entorno. El desmontaje arranca tras años de «actividades preparatorias» en las que Enresa ha trabajado con Nuclenor.

Entre ellas «las caracterizaciones radiológicas, la eliminación de riesgos convencionales o la puesta fuera de servicio de sistemas no necesarios para el desmantelamiento». «Se han hecho pruebas con uno de los contenedores adquiridos para el almacenamiento en seco del combustible gastado y se están realizando modificaciones en las herramientas necesarias para hacer la carga de los elementos combustibles al resto de contenedores».

La autorización gubernamental al desmantelamiento llega tras el plácet del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado mayo y tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental, publicada el pasado día 15 en el Boletín Oficial del Estado. Se prevé que en el proyecto, «presupuestado en 475 millones sin contar con la gestión del combustible gastado, trabajen «hasta 350 personas de forma simultánea».

El Gobierno remarca que desde 2020 colabora con los 27 municipios afectados (entre ellos los alaveses de Lantarón y Valdegovía) por el cierre de la planta atómica y ya ha destinado «7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales». Con una potencia instalada de 466 MW, la central de Santa María de Garoña se inauguró en 1971 y se desconectó en 2012, cuando Nuclenor comunicó que no seguiría explotándola, y un año después se declaró el cese definitivo. Solicitó renovar la autorización en 2014, pero en 2017 se denegó por el Ejecutivo de Rajoy.

Ahora, el desmantelamiento coincide con el debate sobre el futuro del parque nuclear en España. El calendario pactado entre los dueños de los 7 reactores en vigor (Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo) inicia el cierre progresivo desde 2027 hasta 2035. Queda por ver si el Gobierno que salga de las elecciones autorizará el cierre o prolongará su actividad bajo nuevas condiciones económicas, como piden las eléctricas.