El Gobierno da luz verde al desmantelamiento de Garoña, que se prolongará hasta 2033

Presupuestado en 475 millones de euros, el proyecto –validado en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear– se prolongará hasta 2033 a lo largo de dos fases. Se prevé que «hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea», destacan desde el ministerio que dirige la socialista Teresa Ribera, que ha anunciado la autorización del desmantelamiento a menos de una semana de la celebración de las elecciones generales del 23-J. Según recuerda, desde 2020 colabora mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ) con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado «7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales».

Ubicada a unos 65 kilómetros de Vitoria, la planta atómica burgalesa tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014.

Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases y cuenta con un presupuesto –sin contar con la gestión del combustible gastado– de 475 millones.

En la fase 1 del plan, prevista entre 2023 y 2026, se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central. Es la solución del Gobierno al descartarse un único cementerio nuclear en España. De ese modo, Garoña acumulará sus residuos durante al menos 50 años más, hasta 2073.

A ese respecto, «se ha estimado una producción de 3.301 contenedores CMT (4.158 t) de residuos con contenido radiactivo preexistente en el edificio de turbina (residuos primarios) y 1.006 bidones de residuos con contenido radiactivo derivados de las actividades de desmantelamiento como por ejemplo, herramientas, vestuario, filtros, consumibles, equipos de protección, etc. (residuos secundarios)».

«Además, se producirán residuos peligrosos, residuos de construcción y demolición, y residuos convencionales». Así se recoge en el informe de impacto ambiental de la 'Fase 1 Desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña' publicado en el Boletín Oficial del Estado este lunes. Se trata del trámite que Enresa estaba esperando para iniciar los trabajos, a falta de que en los próximos días Nuclenor le transfiera la titularidad de la central.

Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

La autorización del Ministerio de Transición Ecológica para iniciar los trabajos de desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el preceptivo informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse el proyecto. Sólo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno.

En el año 2020, recuerdan desde el Ministerio de Transición Ecológica, el ITJ empezó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación. En mayo de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León, el Gobierno vasco y los municipios –por medio de la FEMP y AMAC–, firmaron el Protocolo de Actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de planes de índole «sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa». Actualmente se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán «a final de año», a las que se han presentado proyectos de la zona.

El proceso de desmantelamiento coincide con el debate sobre el futuro del parque nuclear en España. El calendario pactado entre las compañías propietarias de los siete reactores en vigor (Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo) inicia el cierre progresivo de todas desde 2027 hasta 2035. Aunque aún no está claro si el Ejecutivo que resulte de estas elecciones generales autorizará el cierre o prolongará unos años su actividad, bajo nuevas condiciones económicas, como piden las eléctricas.