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Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radioactivos, se prepara para acometer el desmantelamiento de Garoña. La compañía vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha lanzado la primera batería de contratos por distintos trabajos y servicios que suman ... alrededor de 35 millones de euros. Es apenas el 7,4% del coste total que requerirá el sellado definitivo de la planta (468 millones). Un proceso que no culminará antes de una década.
Por partes. Enresa publica estas licitaciones anticipándose a la transferencia de titularidad que espera desde hace meses. Y que, esta vez sí, podría formalizarse entre abril y mayo. El 'ok' tiene que darlo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Gobierno deberá ratificarlo posteriormente. Si el procedimiento administrativo no encalla, el inicio efectivo del desmantelamiento llegará a finales de junio. Ese es, al menos, el nuevo calendario que maneja el Ministerio que dirige Teresa Ribera.
Nuclenor (sociedad coparticipada por Endesa e Iberdrola) cederá entonces todo el control sobre una central que comenzó a operar en 1971, pero que no tiene actividad desde 2012. Aunque a efectos prácticos, Enresa ya viene pilotando desde hace tiempo lo que se denomina como 'fase preliminar' y que se traduce en el almacenamiento del combustible gastado (en 49 contenedores específicos y 6 más destinados a residuos especiales).
La cuestión es que desde septiembre del pasado año, la compañía pública viene licitando trabajos específicos para la fase que va a arrancar en verano:la 1. Se prolongará hasta 2026. ¿Qué se hará en esta fase? Primero, concluir con el proceso de carga del combustible en contenedores. Irán al almacén a la intemperie situado dentro del perímetro de la central.
Además, se desmontarán distintas instalaciones (turbinas incluidas) y se reacondicionarán algunos edificios. La licitación de servicios, obras y suministros alcanzará en esos tres años los 90 millones de euros. Y de ellos, los primeros 35 ya están en curso. De la decena de contratos licitados hasta el momento se han formalizado al menos tres, ocho se encuentran en proceso de evaluación (estudio de ofertas) y dos están en trámite –con fechas abiertas aún para 'aspirantes'–.
El primero en cerrarse (por 5,6 millones de euros) es el del Servicio de Bomberos. Prevención de incendios, actuaciones en caso de emergencia e intervenciones de salvamento serán los cometidos de un cuerpo que funcionará de forma ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año. De forma habitual, lo integrarán un jefe de brigada y cuatro bomberos profesionales, aunque también prevé un servicio de reten «con cinco efectivos adicionales a demanda».
6 millones
de euros suman los dos contratos que aún están abiertos a la presentación de ofertas. Uno es el de suministro de gasóil (2,9 millones). El otro se refiere al cambio de los sistemas de ventilación de la turbina (3,1 millones).
2 millones
de litros de gasoleo es la cantidad que demanda Enresa para Garoña. El contrato, abierto hasta el 11 de abril, prevé un suministro de 54.000 litros de Gasoleo A y 2,1 millones de Gasoleo C.
185 millones
de euros se licitarían en servicios, obras y suministros durante la segunda fase del desmantelamiento, que arrancará a partir de 2026 y se prolongará 7 años. En este proceso trabajarían en torno a 350 personas.
Enresa también ha concretado parte de la compleja tarea de supervisión y protección radiológica. En torno a 3 millones de euros. Esto es clave para vigilar la evolución de la radiacción en la zona y el control de los trabajadores que van a realizar las distintas tareas de desmontaje –entorno a 300 en esta fase–. No es el contrato completo. Faltan lotes. Entre ellos el referente a la gestión del laboratorio y la realización y manipulación de muestras. 1,8 millones adicionales para el «análisis, recogida, conservación, y transporte de todas las muestras hasta el laboratorio principal y hasta el laboratorio de control de calidad». «Un gran volumen» de muestreos de todo tipo (biológicos y ambientales), con transporte supervisado –para evitar fallos en la cadena de custodia– están vinculados a ese contrato.
En 'evaluación' Enresa tiene aún un contrato también clave, el del «servicio de vigilancia, seguridad física, mantenimiento de sistemas, y equipamiento de seguridad física». Contempla destinar 8,2 millones de euros. Y un amplio listado de tareas: control de acceso de personas y vehículos, la entrada y salida de materiales, la supervisión de centrales de alarmas y vigilancia de las instalaciones e incluso, el control de intrusiones, disturbios y sabotajes «o cualquier tipo de contingencia».
Y en este grupo de licitaciones en 'stand by' se encuentra también la contratación del servicio de dirección, supervisión de obra y oficina técnica (2,5 millones de euros), así como los trabajos de mantenimiento y conservación (4,7 millones). Tampoco se ha adjudicado la limpieza de las instalaciones (2,4 millones), el mantenimiento y conservación de zonas verdes (208.000 euros). Descendiendo al detalle, pendiente está también la compra de botellas y fuentes dispensadoras de agua mineral. Enresa prevé una factura de 30.000 euros.
Más de un millón de placas solares para sustituir a un reactor nuclear. Solaria Energía y Medio Ambiente está detrás del mayor despliegue de producción fotovoltaica de Castilla y León. Un proyecto que se va a focalizar en Garoña para aprovechar la red de transportes y comunicaciones que se fue construyendo a su alrededor hace más de cuatro décadas.
En total, cuatro parques solares que sumarán una capacidad de 595 megavatios (casi cinco veces más que el que se proyecta en Armiñón, que será el mayor de Euskadi). La inversión global en el proyecto se cifra en 360 millones de euros y, según la información difundida por la empresa, generará 2.400 empleos en toda la comarca de La Bureba durante el tiempo que duren las obras de construcción.
El megaproyecto que Solaria presentaba recientemente, cuenta con el aval de la diputación burgalesa y del Gobierno regional (PP y Vox) y desde diciembre tiene declaración de impacto ambiental favorable. El despliegue será colosal, 1.453.598 paneles solares. Un océano de 'cristal' que se extenderá por una quincena de términos municipales.Los contactos para adquirir los terrenos se iniciaron hace ya dos años.
El proyecto cita, entre otros, a Valle de Tobalina, Oña o Briviesca. En total se estima que los parques ocuparán una superficie de 1.000 hectáreas (o lo que es lo mismo, 2.000 campos de fútbol). Toda la infraestructura se ha diseñado para que tenga una vida útil de 30 años.
La empresa sostiene que con las instalaciones fotovoltaicas de Garoña se evitará la emisión a la atmósfera de 285.000 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a las emisiones de 185.000 coches.
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