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Miércoles, 21 de febrero 2018, 17:13
El director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, ha asegurado este miércoles que no se utilizará la técnica del 'fracking' en el proyecto Armentia-2, en Álava, pese a que el Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la ley vasca ... que limitaba el uso de la fracturación hidráulica para extraer gas.
La «voluntad firme del Gobierno vasco» es «cumplir el mandato y las instrucciones dadas por este Parlamento» ha indicado Ansola, «y quiero dejar claro que a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional de hace dos semanas esto no va a afectar a nuestro proyecto en absoluto», ha subrayado en la Cámara autonómica.
El director general del EVE ha comparecido en el Parlamento Vasco junto al director técnico de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), Luis Muñoz, para explicar la situación del procedimiento administrativo del impacto ambiental del sondeo Armentia-2.
Shesa quiere hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales, no de fracking, en Armentia-2 con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención con una inversión de 18 millones de euros.
Tras la sentencia del TC, la plataforma 'Fracking Ez', contraria al uso de la fracturación hidráulica para extraer gas del subsuelo, alertó del riesgo de que se retomen en Euskadi proyectos de exploración que usen estas técnicas y ha emplazado públicamente a Ansola y a Muñoz a posicionarse en esta comparecencia.
Además de insistir en que no se utilizará 'fracking' en este proyecto, ambos han defendido la necesidad de explorar el subsuelo para conocer el gas que existe en Euskadi dada su alta dependencia energética.
Muñoz ha remarcado que tienen una «confianza importante» en este proyecto y en su viabilidad con «técnicas convencionales» y ha detallado del «voluminoso» estudio de impacto ambiental, de 2.200 páginas, remitido al Ministerio de Energía a finales del pasado diciembre después de que este haya determinado que este sondeo debía contar con una evaluación de impacto ambiental ordinaria y no simplificada. En este sentido, Ansola ha asegurado que acatan esta decisión «gustosamente» porque no hay nada que «esconder».
De hecho, tal y como ha explicado Muñoz en el estudio elaborado se han detectado 32 impactos medioambientales, de los cuales 30 son «compatibles» es decir, de recuperación inmediata tras el cese e la actividad. Sólo dos tendrían un impacto moderado y la recuperación requeriría «algo de tiempo», aseguran, mientras que no se han localizado «impactos severos ni críticos».
32 impactos ambientales
30 impactos compatible de recuperación inmediata tras el cese de la actividad.
2 impactos moderados cuya recuperación requeriría «algo de tiempo»
0 impactos severos o críticos
Los dos impactos moderados son el que se produciría en la fase de obra civil, al existir en una zona del emplazamiento una vegetación inventariada como hábitat de interés comunitario, y otro en el paisaje durante la perforación debido a la altura de 40 metros de la torre que se necesita para ello.
Muñoz ha explicado que el estudio, en el que han intervenido 30 profesionales de diversas disciplinas, ha concluido que el impacto sobre los acuíferos «es mínimo, reversible y recuperable». También que no es previsible que los trabajos de exploración causen sismicidad inducida y ninguno de los lodos que se puedan generar se han clasificado como peligrosos.
Además los niveles de ruido estarían por debajo de los límites establecidos como contaminantes y tampoco se prevé afección a la atmósfera ni al patrimonio cultural, ya que la zona es una vieja cantera.
Tras la remisión de este documento al Ministerio, está previsto que en breve se vuelva a abrir el plazo de alegaciones por lo que se calcula que toda la nueva evaluación de impacto medioambiental concluya en unos dos años.
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