Fiscalía y Diputación de Álava actuarán de «forma inmediata» con los menores de las chabolas en Urbina

Según ha sabido este periódico, el Ministerio Público realizará comprobaciones «de forma inmediata». Es decir, desde esta misma mañana de lunes intentará constatar el número exacto de menores residentes o empadronados en esta finca enclavada a unos trece kilómetros de Vitoria. También su estado y por qué no han sido matriculados en ningún centro docente de la zona.

El protocolo de la Fiscalía de Menores marca solicitar información a las instituciones encargadas de controlar este tipo de situaciones cuando éstas no han llevado a cabo esa labor. El primer señalado son los servicios de base del Ayuntamiento de Legutio, gobernado por EH Bildu. La junta administrativa de Urbina y vecinos hace «meses» que les informaron del problema.

En la misma línea se mostró ayer la Diputación de Álava. «No teníamos conocimiento de este caso. Ni el Ayuntamiento se había puesto en contacto con nosotros para comunicarnos una posible situación de menores en desprotección. Tras leer hoy (por ayer) en ELCORREO esta información y conocer por primera vez estas circunstancias, la Diputación Foral de Álava va a intervenir de forma inmediata desde primera hora de mañana (por hoy) y adoptar medidas de manera coordinada», informó una portavoz oficial.

Asimismo, esta representante foral agregó que «esta institución muestra su preocupación por no haber sido informada de una situación de menores en desprotección» en referencia directa al equipo de gobierno de Legutio. Pese a que las quejas de la junta administrativa de Urbina y de vecinos del pueblo se remontan a tiempo atrás, el trasiego en las chabolas no se ha frenado.

Estos residentes hablan de la rotación «constante» de inquilinos, adultos y menores de edad. Unos en solitario y otros en familia. Todos engarzados por ser inmigrantes, vulnerables y carecer de recursos suficientes. Unos pasan días, otros llegan a semanas o meses. El supuesto cabecilla de este negocio ilegal les acompaña hasta Legutio «para inscribirles en el padrón», sostiene una testigo de primera mano. Esa persona, de 63 años, cuenta con antecedentes policiales. La dueña oficial de la casa principal es una nonagenaria.

El empadronamiento ficticio se usa para «acumular antigüedad» y, una vez alcanzados los plazos mínimos, optar a ayudas sociales como la RGI y la PCV, ambas abonadas por el Gobierno vasco. «Hay gente sin escrúpulos que empadrona masivamente sin vivir y, cuando ya puedes optar a la ayuda, te buscas otra casa donde registrarse ya que la normativa limita a dos perceptores por hogar», diseccionan agentes especializados.

En el interior de la finca ahora bajo la lupa de la Fiscalía y de la Diputación hay un mínimo de cinco casetas. Unas se han levantado con chapa y ladrillos, otras con tableros de madera.

Por su parte, el Ayuntamiento de Legutio subrayó que «se han iniciado los trámites para desempadronar a las personas que no viven allí de manera real y se está trabajando de la mano de la trabajadora social». También anuncian que un aparejador acometerá «un estudio» sobre las chabolas y que han citado a la propietaria de la finca.