Empieza la cuenta atrás para la fase uno de la zona de bajas emisiones

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Tras muchos debates municipales y numerosas alegaciones de vecinos, comercios, gremios, repartidores y empresarios, la primera zona de bajas emisiones de Vitoria será menos restrictiva de lo previsto en las calles del Casco Viejo y el Ensache afectadas por esta primera fase al aparcarse durante un año la idea de prohibir la entrada en estas vías de casi todos los coches menos los de residentes y autorizados.

La conocida como APR o área de prioridad residencial no se activará en esta etapa inicial por dos razones a las que aludió la propia Artolazabal: el mandato del Ministerio de Transportes de poner en marcha en septiembre la ZBE a riesgo de perder las ayudas europeas y haber escuchado los ruegos de Gasteiz On y SEA, críticos con blindar el Casco Viejo para los vecinos.

Los cambios no gustaron a EH Bildu, formación que dio su visto bueno a la ordenanza inicial, y en este ir y venir de los últimos días se han introducido en el texto final cuatro últimas propuestas de esta formación. Se trata del compromiso de reactivar la zona de prioridad residencial en el plazo de un año, que los residentes tengan dos años para cambiar de coche y no uno, que no se tengan que revisar las rentas bajas anualmente y que toda la señalética sea accesible y bilingüe.

Así, la formación independentista cree que se mantiene «la esencia» de este tipo de medidas que buscan mejorar la calidad del aire que respiran los vecinos, pero se abstuvo por la manera en que se tramitaron los cambios sin información. «Todo esto habría sido más sencillo desde el principio si se hubiera contado con nosotros», dijo Ekaitz Díaz de Garaio.

Óscar Fernández, de Elkarrekin, dijo que su formación considera útil esta herramienta pero ve poca «ambición» en el proyecto. A su juicio, la ZBE debería haber llegado a calles de más tráfico como Florida, Manuel Iradier, Paz o Francia.

El portavoz del PP, Iñaki García Calvo, la rechazó «por ser un modelo que limita la libertad, lleno de restricciones y prohibiciones y que genera más problemas a la ciudadanía de los que ya tiene». Tanto PSE como PNV pusieron en valor el consenso y hablaron de un resultado final de la ordenanza «mas equilibrado y que facilita su aceptación social».