Más de 43.000 vehículos de Vitoria no podrán acceder al Casco Viejo y el Ensanche desde septiembre

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La cifra, que supone alrededor de un tercio de un parque móvil local con cerca de 150.000 unidades, corresponde a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), que emite los distintivos. Son «una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental», define el organismo público dependiente del Ministerio del Interior. El veto a la circulación de coches más antiguos en el núcleo de la ciudad, aprobado ayer por el pleno municipal, entrará en vigor el 15 de septiembre. A partir de esa fecha se impedirá el acceso de automóviles sin 'pegatina', esto es, de la categoría A.

Más adelante, a partir de 2030, la limitación se extenderá a coches, motos y furgonetas con etiqueta B –la amarilla–, donde se engloban los de motores de gasolina matriculados desde 2001 y de gasóleo a partir de 2006. En este apartado se enmarcan más de 45.000 vehículos domiciliados en Vitoria, según las estadísticas del ente que preside Pere Navarro. Se salvan del cerrojazo los considerados menos contaminantes. Por un lado, los de clase 0 o pegatina azul, esto es, los eléctricos e híbridos enchufables con autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible. En la 'green' capital la DGT contabiliza más de un millar.

Tampoco estarán sujetos a la prohibición los clasificados como 'Eco'. Con alrededor de cinco mil unidades, son eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, híbridos no enchufables, vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

En el siguiente escalón se sitúan los autos con distintivo C (el de color verde), que por ahora podrán seguir accediendo al área acotada al tráfico. En este caso superan los 54.000 y suponen un 36% del total. Ese grupo incluye los de gasolina desde 2006 y diésel a partir de 2015. Según explica la DGT, «si bien la obtención y colocación del distintivo es voluntaria», su colocación «debe hacerse adhiriendo la pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él. En su defecto (en el caso de motocicletas), en cualquier sitio visible del vehículo».

Correos dispensó en Álava 83.000 pegatinas el último año. En el caso de Vitoria, no obstante, no es necesario llevarla ya que el acceso al perímetro de la ZBE se vigilará con 36 cámaras de lectura de matrículas con inteligencia artificial que cruzarán los datos con los de la DGT y multarán a los infractores. Durante tres meses a partir de septiembre habrá una moratoria: solo se informará a quien incumpla, pero no tendrá que pagar por acceder al 'anillo' limitado. Será a partir del 15 de diciembre cuando las sanciones ya serán efectivas y quien acceda al interior sin cumplir los requisitos será multado con 200 euros (100 con pronto pago).

Hay doce supuestos de automóviles que quedarán exentos de forma permanente de la exigencia de etiquetas: los de personas con movilidad reducida, con rentas bajas, servicios públicos... Los residentes del área acotada tendrán dos años de plazo para cambiar de coche, mientras algunas categorías de vehículos tendrán solo uno de moratoria: los más antiguos, comerciantes, acceso a parkings y profesionales de gremios y repartidores.

El aspecto económico es uno de los más controvertidos y que está generando problemas en otras capitales. «En España se están aprobando ordenanzas sin realizar los pertinentes informes de vulnerabilidad. Las ZBE de Barcelona y Madrid han sido anuladas por los tribunales por el mismo motivo, no dar alternativas a personas con menos capacidad económica. Son las multas del pobre», censura Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

En la capital del país, donde está pendiente de pronunciarse el Supremo, «las multas que se están poniendo están en entredicho», advierte. Preguntado por los informes de vulnerabilidad, el Departamento de Espacio Público del Consistorio vitoriano indica que «no hay». Aquí se permitirá la entrada con vehículos sin distintivo a personas con ingresos brutos anuales inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 14.400 euros.

En cuanto al sistema de etiquetas de la DGT, «se discriminan automóviles en función de su fecha de matriculación, sin tener en consideración cuál es la tecnología que emplea o sus emisiones reales», critica Eduardo Martínez, director del RACVN, en el último informe anual de la entidad. «Así, un pequeño utilitario de poco peso y motor puede tener restringido el paso frente a un 'SUV' de gran motorización, peso y consumo. ¿Acaso contamina menos?», cuestiona.

La clasificación de los distintivos «no es un modelo europeo. En Francia, a donde se desplazan muchos vascos, tienen una calificación diferente a España», abunda Arnaldo, que considera «contradictorio prohibir por no tener etiqueta. Esos coches ya pasan una ITV que certifica en base a normativa española y europea que cumplen en emisiones y son aptos para circular, si no, no podrían hacerlo». El responsable no ve de recibo que «cada ayuntamiento español ha hecho de su capa un sayo, como en un reino de taifas, cada uno con su ordenanza, con lo que el ciudadano tiene que 'empollarse' las de los 150 municipios de más de 50.000 habitantes».